Por Bruno Cortés
La historia del agua en México siempre ha sido complicada, pero estos días en San Lázaro se volvió un rompecabezas político que trae a todos pendientes: productores, legisladores y al propio gobierno federal. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, explicó que la Comisión de Recursos Hidráulicos está a punto de discutir el nuevo dictamen de la Ley General de Aguas con 50 modificaciones incorporadas, todas hechas a contrarreloj para atender las preocupaciones de quienes viven del campo. La idea es que el documento quede listo “temprano” para subirlo al Pleno si se requiere, aunque nadie se atreve a asegurar que ya esté completamente cerrado.
Monreal cuenta que las 50 modificaciones integran la mayor parte de las peticiones de agricultores y ganaderos. Cosas que hace apenas días parecían atoradas ya están resueltas: el derecho a que actividades agrícolas y ganaderas compartan concesiones, la regularización de zonas de libre alumbramiento, el fin de la negativa ficta y la posibilidad de heredar o vender la tierra junto con la concesión de agua. Son detalles que para el Congreso pueden parecer técnicos, pero para el campo significan sobrevivir o quebrar.
También dejó claro que la idea de separar agua y tierra —que tanto ruido causó en los últimos días— ya está superada. En el nuevo dictamen, quien tiene la propiedad legítima mantiene su derecho al agua, lo cual da algo de certeza en medio del jaloneo. Sin embargo, Monreal reconoce que los productores siguen inconformes con algunos puntos y no descarta que haya más ajustes de última hora. Al final, dice, el Congreso debe escuchar, aunque el tiempo esté encima.
La iniciativa presidencial mantiene ciertos pilares: prohibir el acaparamiento del agua, evitar que las concesiones agrícolas se usen para otros fines y reforzar la idea del agua como derecho humano, priorizando el consumo humano y facilitando la potabilización y el tratamiento. Sobre el papel suena bien, pero en la práctica implica regular más de cerca cómo se usa el recurso y cerrar espacios donde históricamente ha habido abusos.
Ante el aviso de productores de que podrían bloquear carreteras si no se incorporan todos sus planteamientos, Monreal respondió con diplomacia: los respeta, los escucha, pero la decisión legislativa sigue su curso. En política, esa es la forma suave de decir “negociaremos, pero hasta donde se pueda”.
La agenda del día no se detiene con el agua. El Congreso se alista para votar la nueva Ley de Igualdad Sustantiva, propuesta por la presidenta de la República; actualizar la Ley de Ascensos de la Armada; declarar 2026 como “Año Margarita Maza de Juárez”; aprobar una medalla conmemorativa y ratificar a un alto funcionario de Hacienda. Además, ya se preparan cambios a la Ley General de Salud y a la Ley de Economía Circular, que por petición de los pepenadores se ajustará tras escucharlos primero.
Como si no bastara, también se intenta cerrar la nueva Ley Arancelaria, que incluye mil aranceles y más de cien fracciones, un paquete técnico que debe aprobarse antes de que termine el periodo de sesiones. La ley de vapeadores también está en la lista, aunque Monreal admite que difícilmente saldrá por consenso; la ven más integral que solo regular cigarrillos electrónicos.
Y, para rematar, el tema de revocación de mandato quedó congelado hasta el próximo periodo. Demasiados frentes abiertos y poco tiempo para acomodar todo.
Así, entre ajustes técnicos, presiones del campo y una agenda legislativa que ya no cabe en un solo día, la discusión sobre el agua se volvió un símbolo del momento político: un intento de equilibrio entre gobernar, escuchar y resolver antes de que el tiempo y la paciencia del país se agote.
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