Por Bruno Cortés
En un país donde nacer en una colonia u otra define buena parte de tu futuro, la diputada Evangelina Moreno Guerra puso el dedo en la llaga: sin acceso real a la educación superior, la desigualdad en México nunca va a bajar. Así lo dijo durante el foro “Compromisos Internacionales sobre el Derecho a la Educación Superior en México”, donde recordó que estudiar no es un privilegio, sino un derecho humano que debería abrir la puerta a una vida más justa para todas las personas.
La legisladora habló sin vueltas. Explicó que, en un país tan desigual, no tener acceso a la educación te deja en desventaja desde el arranque. Por eso insistió en defender este derecho como herramienta para la movilidad social. Pero también fue clara: no basta con que una persona “salga adelante” si las condiciones colectivas no cambian. El objetivo —dijo— es que la educación sirva para liberarnos como sociedad, no solo para acumular títulos.
Moreno Guerra también habló desde su experiencia en el mundo jurídico. Aseguró que estudiar Derecho hoy no es solo una carrera, sino “una trinchera” ante problemas que siguen ahí, como la falta de acceso a la justicia y la impunidad. Recalcó que México necesita profesionistas con valores, comprometidos en democratizar al país desde las leyes. A su juicio, un abogado o abogada en este contexto no solo estudia para litigar, sino para convertirse en protector de quienes no tienen voz y freno para quienes abusan del poder. Cada acción, por pequeña que parezca, mueve la balanza hacia la justicia, afirmó.
El análisis se complementó con la visión de Adolfo Rodríguez Guerrero, especialista de la UNESCO en México, quien reconoció avances, pero también advirtió que el país sigue atrapado en problemas estructurales que frenan el aprendizaje. Recordó que las y los docentes son pieza clave en transformar la educación, pero enfrentan obstáculos como bajos salarios, condiciones laborales adversas y falta de apoyo institucional. Eso provoca deserción y desánimo en una profesión que debería ser prioridad nacional.
Rodríguez Guerrero también puso sobre la mesa un diagnóstico duro: persisten ocho dimensiones de exclusión —pobreza, discapacidad, migración, ruralidad, género, etnia, privación de la libertad y orientación sexual— que, junto con la brecha digital, se combinan como un “combo de desigualdad” que golpea especialmente a las juventudes. A esto se suma una década de crisis global del aprendizaje que rebasó a los sistemas educativos de América Latina, lo que obliga a repensar cómo se enseña, cómo se forma a los docentes y qué papel deben tener en la vida pública.
Entre sus propuestas urgentes, el especialista pidió algo básico pero olvidado: estabilidad institucional. Señaló que si cada dos años cambia quien dirige la educación pública, es imposible planear y ejecutar políticas de largo plazo. Por eso llamó a fortalecer la Secretaría de Educación Pública y a consolidar un sistema nacional de formación docente con visión compartida, evitando que intereses gremiales o políticos rompan el rumbo.
El foro cerró con un mensaje optimista: la ruta de trabajo de la UNESCO hacia 2030 coincide con el periodo de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que abre una ventana para alinear políticas nacionales con estándares internacionales. Si se aprovecha, México podría avanzar en una reforma educativa que integre justicia, derechos, inclusión y convivencia, y que permita que maestras y maestros participen directamente en la construcción de una visión educativa nacional. Ahí está uno de los mayores retos del país.
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