Por Juan Pablo Ojeda
La discusión sobre el agua volvió a encender los ánimos en San Lázaro. A pesar de que el dictamen de la nueva Ley General de Aguas y las reformas a la Ley de Aguas Nacionales ya suma 56 cambios para atender las exigencias de productores agrícolas, las bancadas del PRI y PAN anunciaron su rechazo total a la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El priista Rubén Moreira fue tajante: los ajustes no resuelven el fondo del problema. Para él, la iniciativa debería retirarse y abrirse un debate nacional desde cero, con todos los sectores en la mesa. Calificó las modificaciones como “insuficientes, ambiguas y peligrosas”, especialmente para los productores más pobres, quienes podrían quedar en mayor vulnerabilidad.
En el PAN, el vicecoordinador Federico Döring coincidió en el rechazo y acusó que la reforma es una “simulación”. Argumentó que el tema central —los traslados de dominio del agua— sigue sin resolverse, por lo que su bancada no acompañará el dictamen. Eso sí, reconoció que la presión del campo obligó al gobierno a ceder y proteger concesiones de ejidos, comuneros y productores privados.
Mientras la oposición cierra filas, en Morena aseguran que el trabajo ha sido exhaustivo. Su coordinador, Ricardo Monreal, afirmó que el 90% de las demandas del sector agrícola ya se incorporó al texto final. Dice que el objetivo es garantizar derechos y dar certeza a quienes dependen del agua para producir.
Entre los cambios más relevantes destaca la posibilidad de heredar las concesiones de agua. Para hacerlo, deberá solicitarse autorización ante la nueva Autoridad del Agua —un órgano recién creado— que tendrá 20 días para aprobar la transferencia. Quien reciba la concesión mantendrá los mismos derechos del titular original.
Otro ajuste importante es la reducción de sanciones. Las multas máximas bajan de 50,000 a 30,000 UMAs, mientras que las mínimas se mantienen en 260. Las penas de cárcel también se ajustan: el máximo pasa de 12 a 8 años y el mínimo se reduce de un año a tres meses.
La reforma está siendo revisada por diversas comisiones —Recursos Hidráulicos, Ganadería, Desarrollo Rural y Presupuesto— en coordinación con Gobernación y organizaciones del campo. El objetivo es llegar a la sesión del miércoles con un dictamen más sólido y con el mayor consenso posible.
Mientras tanto, los partidos de oposición mantienen la puerta cerrada y Morena insiste en que sí hubo diálogo y respuestas claras. El debate por el agua, uno de los recursos más sensibles del país, promete un cierre de semanas intenso y decisivo.
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