Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se volvió a poner sobre la mesa un tema que México arrastra desde hace décadas: la deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas. Y esta vez el llamado lo hizo el diputado Alfredo Vázquez Vázquez, de Morena, quien dejó claro que, aunque ha habido avances, todavía falta mucho para garantizar que las voces indígenas tengan un lugar real —no simbólico— en la vida política del país.
El legislador fue directo: durante años se han hecho actividades, mesas y ejercicios para materializar los derechos de estas comunidades, pero siguen siendo quienes menos participan en decisiones públicas y quienes menos representación tienen, incluso cuando millones de ellos viven fuera del país, sobre todo en Estados Unidos. Por eso, insistió en que la discusión ya no puede quedarse en reuniones aisladas, sino que debe reflejarse en la reforma político-electoral que alista la presidenta Claudia Sheinbaum. Si esa reforma busca modernizar la democracia mexicana, dejar fuera a los pueblos indígenas sería repetir el mismo abandono de siempre.
En una mesa de trabajo titulada “¿Qué sigue en las acciones afirmativas indígenas para el próximo proceso electoral?”, Vázquez señaló que escuchar a activistas, especialistas y comunidades es clave para robustecer lo que llegue al Congreso como parte del paquete de cambios constitucionales. El punto es simple: construir reglas con quienes las van a vivir, no desde un escritorio.
Uno de los temas centrales fue el papel de las y los indígenas que residen en Estados Unidos. Para el diputado, ignorarlos es seguir teniendo una democracia incompleta. México presume pluralidad, pero cuando llega la hora de repartir espacios políticos, los pueblos originarios siguen enfrentando un “regateo”: el INE aplica acciones afirmativas, sí, pero son acuerdos administrativos, no una ley que obligue a los partidos a postular candidaturas indígenas reales, con vínculo comunitario y representatividad verdadera.
Vázquez dijo que ya es momento de pasar del discurso al reconocimiento constitucional pleno. Recordó que, con la reforma indígena de 2024, estas comunidades ya son sujetos de derecho público; ahora falta ver si el sistema de partidos realmente garantiza su participación o si es hora de pensar nuevas formas de representación dentro de la democracia mexicana.
El debate no se quedó solo en el Congreso. María Isabel Sánchez González, especialista en derechos humanos y directora de México en Números, advirtió que ya no basta con pensar en los territorios dentro del país: existen comunidades indígenas transnacionales con vínculos culturales y políticos que cruzan fronteras. Y si la gente migra, las acciones afirmativas también deben migrar. Incluso propuso que parte de las candidaturas plurinominales se destinen a personas indígenas que viven en el extranjero, aprovechando mecanismos ya validados por el Tribunal Electoral.
Recordó además que la sentencia SUP-RAP 121/2020 dejó claro que las acciones afirmativas no son privilegios, sino medidas para equilibrar el piso y que deben tener criterios razonables, objetivos y temporales. También instruyó al INE a ampliar distritos con postulaciones indígenas y a exigir una autoadscripción calificada para evitar simulaciones: un candado que busca impedir que personas sin vínculo comunitario se cuelen en espacios que no les corresponden.
Desde el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, Carmen Luz Fernández añadió otro punto crítico: la representación indígena municipal sigue siendo desigual en todo el país. Hay lugares donde funciona, otros donde es casi simbólica. Por eso propuso definir criterios mínimos nacionales, asegurar recursos, garantizar que las comunidades sean convocadas a todas las sesiones municipales y, sobre todo, que en municipios con varias comunidades cada una tenga su propia voz. No es lo mismo un pueblo zapoteco que uno triqui, aunque compartan territorio.
Su conclusión es clara: sin reglas uniformes, sin reconocimiento pleno y sin presupuesto, la representación indígena seguirá siendo un adorno. Con ellas, puede convertirse en una herramienta real para transformar gobiernos locales y fortalecer la democracia desde abajo.
El mensaje del encuentro fue contundente: si México quiere una democracia que incluya a quienes han sido históricamente los más pobres y los más olvidados, la reforma político-electoral no puede continuar sin ellos. La deuda sigue ahí; lo que se discuta hoy definirá si se empieza —por fin— a saldarla.
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