Por Bruno Cortés
En San Lázaro se siente ese ambiente de fin de periodo en el que todo se quiere dejar listo antes de que se baje la cortina. Y en esa lógica, Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, salió a detallar la ruta legislativa que Morena busca empujar esta semana, desde temas de seguridad y medio ambiente, hasta las grandes discusiones laborales y del agua, esas que sí cambian la vida cotidiana de la gente aunque a veces suenen lejanas.
Monreal adelantó que uno de los pendientes inmediatos es la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión. Es la típica ley que parece técnica, pero tiene impacto directo en el bolsillo: se trata de cerrar huecos legales para combatir la extorsión, que hoy es de los delitos que más crecen y que más exprimen a comercios, transportistas y ciudadanos. La Cámara revisará los cambios que hizo el Senado y, si la Jucopo lo acuerda, el tema avanzará esta misma semana.
También anunció que ya se prevé destrabar la reforma que prohíbe los vapeadores, atorada desde hace semanas. La idea es votarla en comisiones mañana y llevarla al pleno el miércoles. Para Morena se trata de un asunto de salud pública: dejar claro que los vapeadores no pueden circular como si fueran inofensivos, porque la regulación actual tiene demasiados huecos que permiten su venta casi libre.
En paralelo, otra iniciativa que puede avanzar esta semana es la de delitos ambientales, junto con una reforma a la Ley Federal del Trabajo que garantiza autonomía sindical, aprobada por unanimidad en el Senado. Son temas menos mediáticos, pero amarran piezas del rompecabezas regulatorio que la 4T quiere cerrar antes del fin del año legislativo.
Donde se viene la discusión más gruesa es en la Ley General de Aguas, una iniciativa presidencial que, según Monreal, ya sufrió ajustes importantes después de cuatro días de audiencias y más de 450 participaciones ciudadanas. La presión vino de todos lados: agricultores, industrias, municipios, expertos en gestión hídrica. El mensaje fue el mismo: la iniciativa original necesitaba cambios profundos, especialmente en temas como herencias, concesiones y transmisiones de derechos de agua.
Monreal aseguró que la versión final no será la misma que envió el Ejecutivo, lo cual ya es un mensaje político fuerte. Dijo que el objetivo es que quienes tienen concesiones —campesinos, industrias, pozos privados— mantengan sus derechos actuales en tiempo y volumen, incluso cuando los transmitan a nuevos dueños. También adelantó que se revisará la obligación de que la tierra y el agua se vendan juntas, una propuesta que generó muchas dudas en el campo. La promesa es que la nueva ley realmente beneficie a quienes usan el agua para producir y vivir, y no solo a quienes administran el sistema.
El legislador también explicó que ha hablado de manera constante con Conagua para modificar la iniciativa. Según dijo, hay buena disposición y sensibilidad para ajustar el texto final; un mensaje para tranquilizar a quienes temen que la nueva ley pueda generar incertidumbre sobre sus derechos de uso de agua.
Otro de los temas que más reflectores trae encima es la reducción de la jornada laboral a 40 horas, una promesa de Claudia Sheinbaum que podría aterrizar en San Lázaro en cualquier momento. Monreal dijo que en cuanto llegue la iniciativa, Morena le dará trámite rápido, incluso con periodo extraordinario si es necesario. No quiso adelantar tiempos, pero dejó claro que el partido acompañará la reforma porque forma parte de su agenda desde la legislatura pasada.
Aquí el debate no es menor: empresarios piden gradualidad y claridad para no disparar costos; trabajadores exigen el mismo derecho que ya existe en gran parte del mundo. Monreal reconoció que él no está llevando la negociación —que corre a cargo de la presidenta—, pero reiteró que Morena apoyará la propuesta tal como llegue.
Finalmente, dejó un aviso más: también está pendiente la Ley de Economía Circular, que podría tener audiencias en los próximos días y sumarse al paquete de reformas que se quiere desahogar antes del 15 de diciembre, cuando termina el periodo.
En resumen, la Cámara de Diputados se prepara para una semana de alta velocidad legislativa: salud, seguridad, medio ambiente, agua y derechos laborales en una misma agenda. Y, como suele pasar en San Lázaro, lo que se logre destrabar ahora definirá buena parte del arranque del próximo año político.
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