Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados se encendieron las alarmas por el medio ambiente. Legisladores, funcionarias y especialistas coincidieron en algo que parece obvio, pero que pocas veces se refleja en el presupuesto: sin dinero, no hay conservación posible. Las áreas naturales protegidas del país están sobreviviendo con recursos mínimos, y eso, dijeron, pone en riesgo los ecosistemas que garantizan nuestra propia vida.
El foro “Financiamiento sostenible para las áreas naturales protegidas” reunió a voces de distintos colores políticos, encabezadas por el diputado Joaquín Zebadúa Alba, de Morena, quien puso sobre la mesa un tema clave: romper con la inercia del presupuesto. Explicó que cada año el Congreso recibe del Ejecutivo una propuesta que apenas se toca, pero que ha llegado el momento de cambiar esa costumbre y abrir un diálogo real para fortalecer los recursos ambientales. “Lo veo de manera optimista”, dijo, con tono esperanzado, “venciendo inercias de largo tiempo”.
La diputada Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, fue más directa: “No podemos seguir normalizando la falta de recursos; hay que decirlo fuerte y buscar soluciones”. Y lanzó una comparación que cimbró a los presentes: si México siguiera las recomendaciones internacionales de invertir 200 pesos por hectárea protegida, el país debería destinar 19 mil millones de pesos, pero actualmente solo invierte 10 pesos en promedio por cada hectárea. Con ironía y realismo, resumió: “Con eso, no salvamos ni un árbol”.
El comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas, Pedro Álvarez Icaza Longoria, fue aún más gráfico. Explicó que la Conanp enfrenta una situación insostenible: “Cada uno de nosotros tiene que proteger el equivalente a la mitad de la Ciudad de México solito”. Es decir, hay tan poco personal y presupuesto que cuidar los parques, reservas y selvas del país se vuelve casi una tarea heroica. Propuso elevar el presupuesto a 2 mil millones de pesos, no para gastar más, sino para administrar mejor los recursos, incluir cobros por derechos ambientales y asegurar pagos justos a quienes protegen la naturaleza.
Desde el ámbito internacional, Andrea Brusco, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, reconoció que México tiene una oportunidad de oro: convertirse en líder regional en financiamiento verde, siempre que haya voluntad política. Recordó que las áreas naturales protegidas no son un lujo ni un capricho ecológico: son una inversión estratégica para el bienestar económico y social. “Su sostenibilidad depende de un financiamiento estable y predecible”, advirtió, destacando que los legisladores son quienes pueden asegurar esos fondos.
El experto Jaime Cavelier, de la International Conservation Council Foundation, habló en términos económicos que hicieron eco entre los presentes: cada peso invertido en áreas naturales genera un retorno social y económico de hasta diez veces su valor. Es decir, proteger la naturaleza no solo salva al planeta, también mejora la economía. “No invertir ahora en el patrimonio natural —dijo— es como heredar una fortuna y gastar el dinero sin cuidar el capital”.
Por su parte, María Teresa Flores Cabral, de la Conafor, subrayó que la conservación también implica justicia social. Explicó que los programas de pago por servicios ambientales han permitido conservar 1.9 millones de hectáreas, beneficiando a más de 2 mil 600 ejidos y comunidades rurales. Y añadió que los nuevos programas buscan cerrar brechas de género y apoyar a las mujeres que trabajan en la gestión forestal.
Finalmente, Graciela Reyes Retana, del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, puso cifras a la esperanza: si México aumenta su presupuesto para áreas protegidas en un 20% anual hasta 2030, el país podría atraer donaciones internacionales por 200 millones de dólares. Un incentivo que muestra que invertir en naturaleza no solo es urgente, sino rentable.
El mensaje fue claro y compartido por todos: financiar la conservación no es un gasto, es una inversión en el futuro. Invertir en ecosistemas significa invertir en aire limpio, agua, alimentos y resiliencia ante el cambio climático. Si el Congreso y el Ejecutivo logran romper la inercia y asignar más recursos, México no solo protegerá su patrimonio natural, sino también su bienestar social y económico.
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