Gerardo Mérida: el general retirado que pasó de la cúpula militar a posible testigo protegido en el caso “Los Chapitos”

CDMX a 18 de agosto del 2026 (Noticias de México).- Gerardo Mérida Sánchez, general de división en retiro del Ejército Mexicano y exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, se ha convertido en una de las figuras más relevantes del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Su reciente salida de la custodia del sistema federal de prisiones estadounidense, el pasado 11 de agosto, ha avivado la especulación sobre su posible incorporación al programa de protección de testigos.Originario de Poza Rica, Veracruz, Mérida Sánchez, de 66 años, construyó una carrera de más de cuatro décadas en las Fuerzas Armadas. Cuenta con licenciaturas en Administración Militar (Escuela Superior de Guerra) y en Derecho, una maestría en Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de la Defensa Nacional, y cursaba un doctorado en Derecho.

Durante su trayectoria militar ocupó cargos estratégicos: comandante del Mando Especial “Mante” en Tamaulipas, de la 21.ª Zona Militar en Michoacán, de la 44.ª en Oaxaca y de la 25.ª en Puebla. También fue subjefe y jefe de las secciones de Inteligencia, Operaciones y Logística del Estado Mayor de la Sedena, director de la Escuela Militar de Inteligencia y agregado militar y aéreo en la embajada de México en Chile.

Pasó a retiro en 2022.En septiembre de 2023 asumió la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya, en medio de la violencia generada por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa. Renunció al cargo en diciembre de 2024.En abril de 2026, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo incluyó en una acusación junto con el gobernador Rocha Moya y otros ocho funcionarios.

Según la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, mientras encabezaba la seguridad estatal, Mérida habría recibido sobornos mensuales superiores a 100.000 dólares de “Los Chapitos” a cambio de alertar sobre operativos contra laboratorios de drogas (en al menos diez ocasiones) y de no interferir en las actividades del grupo.

Enfrenta cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.El 11 de mayo de 2026 se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses en la garita de Nogales, Arizona. Se declaró no culpable y fue trasladado a Nueva York.

Aunque el proceso judicial continúa, desde el 11 de agosto ya no figura bajo custodia de la Oficina Federal de Prisiones, lo que ha generado la hipótesis de que podría estar cooperando con la justicia estadounidense bajo el esquema de testigo protegido.

La Sedena se ha deslindado de cualquier vínculo laboral con el militar desde su retiro en 2022 y ha señalado que el asunto corresponde a las autoridades judiciales. Su caso mantiene alta relevancia mediática y política, al tratarse del funcionario de más alto rango militar involucrado en las acusaciones y por la posibilidad de que su testimonio aporte información clave sobre los supuestos nexos entre autoridades y el crimen organizado en Sinaloa.

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