Por Bruno Cortés
En el Congreso mexicano se está cocinando un tema que preocupa a legisladores de oposición, especialistas y ciudadanos por igual: la reforma a la Ley de Amparo. Diputados del PAN y PRI alertan que el oficialismo busca aprobar la minuta de manera exprés, con audiencias públicas adelantadas para viernes, sábado y lunes, sin un debate profundo ni la participación de expertos y sociedad civil como se había acordado en Comisiones Unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público. Lo que en teoría debería ser un espacio de discusión abierta y transparente, para revisar cómo estas reformas afectan la protección de los ciudadanos, se percibe como un “albazo” legislativo, es decir, un intento de aprobar algo sin darle el tiempo ni la atención que merece.
Federico Döring, diputado del PAN, explicó que la reforma no busca mejorar la ley, sino limitar el acceso de los ciudadanos a la justicia. Recordó que el juicio de amparo es un mecanismo clave que protege a las personas de abusos del Estado, y que con estas modificaciones se pretende vaciarlo de contenido. Rubén Moreira, coordinador del PRI, coincidió: el procedimiento carece de claridad, no se sabe quién será convocado, cómo se organizarán las audiencias ni si se garantizará la participación de expertos reconocidos en derecho constitucional. Para él, se trata de un mandato que viene desde el poder, con un trasfondo recaudatorio y de control social, más que de mejorar la ley.
La reforma al amparo no solo se limita a cuestiones legales abstractas. También tiene impactos económicos y sociales concretos. Por ejemplo, se incrementan los recargos fiscales y se obliga a empresas y personas físicas a garantizar el pago total de sus adeudos ante el SAT antes de poder interponer un amparo, algo que afecta especialmente a las micro, pequeñas y medianas empresas. Según el diputado Yerico Abramo, con esta medida, si alguien debe 100 pesos, se le aplicará un recargo del 40% y Hacienda podrá garantizar ese adeudo con bienes materiales, eliminando la posibilidad de negociar plazos o condiciones. En otras palabras, se fortalece el poder del Estado sobre los contribuyentes más pequeños y se reduce la capacidad de defensa legal de quienes no tienen los recursos para enfrentar al gobierno.
Diputados como Emilio Suárez y César Israel Damián Retes destacaron que el dictamen circuló antes de concretar acuerdos sobre las audiencias públicas, lo que hace que la participación ciudadana sea limitada y se reduzca el diálogo. La reforma también sube el estándar para que se otorguen suspensiones en los juicios de amparo, mecanismo que evita daños irreparables por decisiones arbitrarias de la autoridad. Esto significa que los ciudadanos podrían quedar más expuestos frente a abusos del gobierno, mientras la protección legal que antes tenían se debilita.
Héctor Saúl Téllez Hernández explicó que, en materia de créditos fiscales, la reforma es arbitraria y pone en riesgo la supervivencia de MiPymes y personas físicas, al exigir que puedan garantizar pagos que muchas veces exceden su capacidad real. El resultado es que empresas y emprendedores podrían ser embargados o ver sus bienes rematados, mientras Hacienda asegura la recaudación fiscal. Esta medida, dijeron los legisladores, parece más un instrumento de “terrorismo fiscal” que una mejora a la ley: el objetivo sería proteger al gobierno y garantizar ingresos, no fortalecer los derechos de los ciudadanos.
Además, esta reforma se da en un contexto financiero delicado: México arrastra una deuda histórica que, según los diputados, para 2026 alcanzará los 20 billones de pesos, con un pago de intereses de más de 1.5 billones. En este marco, la reforma al amparo aparece como una forma de centralizar el control del Estado sobre los ingresos fiscales y limitar cualquier revisión judicial que pueda cuestionar decisiones del Ejecutivo.
Fidel Daniel Chimal García, del PAN, agregó que la ley dejaría indefensos a ciudadanos, organizaciones civiles y comunidades ambientalistas frente a posibles atropellos del Estado, debilitando uno de los mecanismos legales más importantes para proteger derechos individuales y colectivos. La preocupación central es que, en lugar de fortalecer la justicia y el acceso a los tribunales, la reforma crea un sistema que protege más al gobierno que a los ciudadanos.
En pocas palabras, lo que los diputados denuncian no es solo una reforma técnica, sino un intento de concentrar poder, limitar derechos y asegurar ingresos fiscales a costa de la protección legal que tiene cada ciudadano. La Ley de Amparo, creada históricamente para proteger a la población de abusos de autoridad, está en riesgo de perder eficacia, mientras el oficialismo avanza con rapidez, dejando poco espacio para debate y participación de expertos y sociedad civil.
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