El impacto del plan que legalizó millones de autos «chocolate» en cuatro años

Sebastián Cortés, Noticias de México

México a 17 de agosto del 2026 (Noticias de México).- El Programa de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera, conocido popularmente como el de “autos chocolate”, nació como un esquema extraordinario del Gobierno federal mexicano para legalizar unidades ingresadas de manera irregular al país, sobre todo desde Estados Unidos, que carecían de pedimento de importación definitiva.

Su propósito central era otorgar certeza jurídica a los propietarios, incorporar esos vehículos al padrón nacional a través del Registro Público Vehicular, reforzar la seguridad pública al identificar a sus dueños y destinar los recursos recaudados a obras de pavimentación en las entidades participantes.

Los antecedentes se remontan al 18 de octubre de 2021, cuando se publicó el Acuerdo que instruía a diversas dependencias sobre la importación definitiva de vehículos usados y sentaba las bases para un procedimiento simplificado.

El arranque formal llegó el 19 de enero de 2022 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del primer Decreto por el que se fomenta la regularización de estos vehículos. En un inicio abarcó diez entidades fronterizas y del norte: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Una fe de erratas apareció dos días después y, el 27 de febrero del mismo año, una reforma incorporó a Sinaloa y Zacatecas.

Posteriores modificaciones en junio y septiembre de 2022 ampliaron el alcance geográfico y afinaron las reglas. El costo se fijó en un pago único de 2,500 pesos por concepto de aprovechamiento y el trámite se realizaba en módulos del REPUVE previa cita en línea.

El 29 de diciembre de 2022 se publicó un nuevo decreto que sustituyó al anterior y entró en vigor el 1 de enero de 2023. Este instrumento amplió la lista de estados participantes hasta alcanzar dieciséis o diecisiete entidades, entre ellas Hidalgo, Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Tlaxcala, y limitó la regularización a vehículos internados antes del 19 de octubre de 2021, de fabricación o ensamble en Estados Unidos, Canadá o México.

A lo largo de 2023 y 2024 el Gobierno prorrogó reiteradamente la vigencia mediante reformas publicadas en marzo, junio, septiembre y diciembre de 2023, así como en marzo y septiembre de 2024; esta última extensión llegó a proyectar la conclusión hasta el 30 de septiembre de 2026.Según cifras del Registro Público Vehicular, al 25 de noviembre de 2025 se habían regularizado 2 millones 987 mil 839 unidades.

Los ingresos generados superaron los 7,300 millones de pesos, recursos que se destinaron preferentemente a la repavimentación de calles y avenidas en los estados beneficiados.

El cierre definitivo llegó el 31 de diciembre de 2025, cuando se publicó en el Diario Oficial el decreto que abrogó el Acuerdo de 2021 y reformó el transitorio del instrumento de 2022 para fijar la vigencia hasta esa misma fecha. A partir del 1 de enero de 2026 el esquema extraordinario quedó sin efectos y las autoridades advirtieron que no existen prórrogas ni trámites pendientes reconocidos bajo ese marco.

Desde entonces, la única vía legal para introducir vehículos usados de procedencia extranjera es la importación definitiva regulada por el decreto del 4 de noviembre de 2024, renovado el 5 de noviembre de 2025. Este procedimiento exige el cumplimiento de requisitos físicos, mecánicos y ambientales, así como el pago de aranceles diferenciados según la antigüedad del vehículo y la zona del país.

El programa logró su objetivo de legalizar casi tres millones de unidades, aunque su conclusión dejó algunos casos de trámites iniciados sin resolución, motivo del reciente exhorto de la Comisión Permanente a la Secretaría de Hacienda.

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