Tabasco, México — La caída de Hernán Bermúdez, alias “Comandante H”, ha desatado una purga silenciosa en los pasillos del crimen organizado: el Gabinete de Seguridad ha puesto en la mira a 14 personas que existirían como parte clave de la red criminal conocida como La Barredora. La captura del exsecretario de Seguridad estatal podría no ser el golpe final sino apenas el principio de una larga limpia política y judicial.
Tras su detención en Paraguay y su posterior traslado a México, Bermúdez quedó sujeto a órdenes de aprehensión federales por asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés. Fue señalado durante años por documentos filtrados como «Comandante H», figura central de la estructura criminal que operaba bajo el manto del Estado. Aunque Bermúdez fungió como funcionario entre 2019 y 2024 en Tabasco, las sospechas se remontan al menos una década atrás, cuando ya se le vinculaba con redes criminales locales.
La estrategia del gobierno es clara: desmantelar de raíz la estructura de La Barredora desde sus niveles más altos hacia los operativos locales. De hecho, el seguimiento apunta a tres niveles jerárquicos, en los cuales se identificaron 14 objetivos prioritarios.
Un sucesor bajo presión
El primer nivel —el más estratégico— es encabezado por Daniel Hernández Montejo, alias “El Prada” o “El H”, quien se perfila como sucesor de Bermúdez. Hernández habría asumido el mando tras la caída de su mentor, y se le atribuye haber protagonizado una disputa abierta con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por el dominio de rutas, extorsiones y control territorial en Tabasco. Se le señala como impulsor del nombre “La Barredora” y como autor de mensajes intimidatorios colocados en mantas con la frase “Atentamente La Barredora”, responsables de viralizar la marca criminal en zonas urbanas. De las investigaciones se desprende que Hernández se sometió a una transformación física para evadir capturas, con modificaciones faciales y de orejas.
Mandos de segundo nivel bajo el foco
El segundo escalón incluye nombres como Euler Rubalcaba “Comandante Rayo”, encargado de plazas estratégicas como Cárdenas, Cunduacán y Huimanguillo, por quien las autoridades ya ofrecen recompensa de 250 mil pesos por información que permita su detención. Otros como Óscar Acosta “La Mosca”, La Koki, El Hombre y El Gato también figuran como operadores de menor jerarquía, pero fundamentales para la estructura operativa de cobro de piso y extorsión.
Células locales: el engrane final
En el tercer nivel, figuran células con apodos como Bacal, Hormiga, El Fresa, Lagarto, El Negro y Charo. Uno de los nombres más relevantes es Rosario Sánchez Juárez (“Charo”), quien es hijo del exsecretario de Seguridad de Paraíso, lo que pone en evidencia cómo el poder político y el mundo del crimen han logrado mezclarse en el Estado.
Parte de este entramado ya ha sido desmantelado. En los últimos meses, fueron capturados personajes clave como:
- Ulises Pinto Madera (“El Mamado”), mano derecha de Bermúdez, ahora colaborador de la FGR.
- Abel Pérez Pedraza (“Don Abel”, “Inge”, “Patrón”), operador de La Barredora en Comalcalco y Paraíso.
- Uriel García Flores (“Pescuezo” / “Cangrejo”), figura de enlace interno.
- Francisco Javier Custodio (“Wasón”), operador regional.
- Geovanny Colorado Alejandro (“Gordo” / “Cachirul”), encargado logístico.
- Guadalupe Luna Hernández (“El Coyote” / “Lucha”), también detenido.
Esto muestra que el avance judicial no es un simple ejercicio simbólico: es una ofensiva directa contra la cadena de mando que hizo funcionar al grupo durante años.
El trasfondo político que sacude a Morena
No es casual que Bermúdez haya sido funcionario público: fue nombrado secretario de Seguridad de Tabasco en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López, quien hoy es senador de Morena. Desde su ascenso, Bermúdez fue objeto de señalamientos sobre nexos con el crimen organizado, pero no se actuó contra él de forma contundente sino hasta ahora. Algunos documentos revelados indican que Bermúdez dirigía órdenes hacia células criminales mientras fungía como cabeza de la seguridad estatal. Esta conexión ha provocado agresivas disputas dentro del partido gobernante y recrudecido acusaciones de encubrimiento y colusión.
El gobernador actual del estado, Javier May (también de Morena), ha acusado públicamente a su antecesor de permitir el crecimiento de La Barredora. La tensión entre ambos alcanza ribetes explosivos: no es solo una disputa por Tabasco, es una pugna por la narrativa de legalidad del partido en el poder.
El dilema jurídico: declaraciones “en espera”
Durante una reciente conferencia matutina, el fiscal general Alejandro Gertz Manero informó que la orden de aprehensión federal contra Bermúdez ya fue emitida, aunque su ejecución dependerá de las diligencias a nivel local. Hasta ahora, Bermúdez se ha negado a emitir declaraciones ante las autoridades estatales. La fase intermedia del proceso será crucial: será en esa audiencia cuando su defensa podrá presentar sus argumentos formalmente. Mientras tanto, la estructura criminal podría estar redistribuyendo sus piezas para resistir los golpes federales.
¿Logrará el gobierno llegar al fondo?
El desafío es enorme. Un puñado de capturas simbólicas no basta para derribar una organización criminal que ha tejido alianzas hasta en lo más alto del poder regional. Si el gobierno desea de verdad golpear el brazo político que alimentó a La Barredora, debe ir más allá de nombres y apodos: investigar redes de protección, lavado de activos, adjudicaciones de obra pública y vínculos institucionales.
El desenlace de este caso no solo definirá el destino de los implicados, sino también la credibilidad de una administración que ha prometido “cero tolerancia a la corrupción”. Si esa promesa no se sostiene más allá del arresto del señor más visible, el clima político podría volverse aún más volátil.
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