Con la intención de corregir un esquema fiscal que castiga a los productores nacionales de bebidas con Denominación de Origen, la senadora Beatriz Mojica Morga, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que busca un mercado más justo, competitivo y coherente con la realidad cultural y económica del país.
Actualmente, el IEPS se calcula sobre el precio de venta de las bebidas alcohólicas, lo que implica que productos como el mezcal, el tequila, el sotol, el bacanora, la charanda o la raicilla —todos elaborados artesanalmente y con gran valor cultural— terminen pagando hasta 80% de su precio en impuestos. Esto encarece su consumo, reduce su competitividad y favorece a las bebidas industriales de bajo costo, incluso si tienen un contenido alcohólico igual o mayor.
La propuesta de Mojica plantea cambiar el modelo actual por uno ad quantum, es decir, que el impuesto se calcule con base en la cantidad de alcohol puro contenido en la bebida, y no en su precio. Este esquema, recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OCDE y el Fondo Monetario Internacional (FMI), se considera más transparente, equitativo y eficaz para promover la salud pública y el consumo responsable.
El nuevo sistema también reconoce la importancia económica y cultural de las bebidas con Denominación de Origen. “Estas bebidas representan tradiciones ancestrales y el desarrollo regional. Necesitan un trato fiscal justo para poder competir en igualdad de condiciones y seguir siendo orgullo de México”, señaló la legisladora. Con cuotas diferenciadas, la reforma propone incentivar a los productores artesanales y reducir la carga tributaria que hoy los asfixia.
De acuerdo con la iniciativa, las cuotas propuestas por litro de alcohol serían: 2 UMAS para bebidas destiladas industriales, 1.5 UMAS para las que tienen Denominación de Origen, 1.25 UMAS para la cerveza industrial, y 1 UMA para las bebidas artesanales con denominación y la cerveza artesanal, así como para el vino. Además, el impuesto se pagaría desde el origen, es decir, al momento de la primera venta o importación, lo que simplificaría la recaudación y reduciría la burocracia.
El cambio también tiene un impacto en el terreno de la salud pública. Al desincentivar el consumo de bebidas baratas y de alta graduación —que actualmente resultan más accesibles—, se espera fomentar un consumo más informado y moderado. Esto, a su vez, se alinea con políticas internacionales que buscan equilibrar la salud con el desarrollo económico.
Mojica subrayó que la competencia actual es “profundamente dispareja”. Mientras las grandes cerveceras extranjeras concentran la mayor parte del mercado con impuestos más bajos, los destilados nacionales enfrentan mayores cargas fiscales que dificultan su permanencia y crecimiento. “Las cargas del IEPS son tan desiguales que muchas veces el precio final de una botella artesanal supera el monto de los impuestos que deben pagarse por ley. El consumidor termina pagando casi el doble y el productor apenas sobrevive”, advirtió.
El objetivo no es reducir la recaudación, aclaró la senadora, sino repartirla con justicia, fortaleciendo al mismo tiempo la economía nacional, la formalidad y el desarrollo de comunidades productoras. Con este esquema, los grandes productores aportarían proporcionalmente más, mientras que las pequeñas y medianas empresas del sector artesanal tendrían condiciones más dignas para crecer.
De aprobarse, la reforma significaría un cambio estructural en la manera en que el Estado grava el alcohol en México: incentivaría la producción nacional, promovería la salud pública, haría más competitivo al sector artesanal y fortalecería la recaudación sin imponer nuevos impuestos. En palabras de Mojica, se trata de “equilibrar el terreno para que quienes trabajan de manera artesanal y sustentable puedan competir en condiciones dignas y más equitativas”.
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