Por Bruno Cortés
En el Congreso volvió a sonar con fuerza un reclamo que lleva años repitiéndose: el campo mexicano se está quedando sin apoyo real. El diputado José Narro Céspedes, de Morena, acompañado por integrantes de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), advirtió que el Presupuesto de Egresos 2026 representa una reducción real del 3.5% para el sector rural si se toma en cuenta la inflación. En otras palabras, aunque en papel el monto parece igual que el del año pasado, el dinero alcanza para menos.
Narro, quien forma parte de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, explicó que esta disminución afecta directamente los esfuerzos del gobierno por lograr la autosuficiencia alimentaria, es decir, que México pueda producir por sí mismo el maíz, frijol, trigo, arroz y leche que consume. Recordó que desde 2019, el programa “Producción para el Bienestar” no ha recibido incrementos reales, lo que en seis años ha provocado una pérdida importante del poder adquisitivo de los apoyos a campesinos.
El legislador también pidió que los programas de fertilizantes y precios de garantía no excluyan a productores con parcelas de hasta 20 hectáreas, sobre todo en estados del norte como Zacatecas, Sinaloa, Durango o Chihuahua, donde las condiciones del terreno requieren más extensión para producir. “No puede ser que la gente quede fuera de los programas sólo por tener una parcela más grande”, reclamó.
Otro punto que encendió las alarmas fue el de la extorsión en el campo. Según Narro, en varias regiones los productores deben pagar hasta mil pesos por cada cabeza de ganado para poder venderla, mientras los grupos delictivos compran barato y revenden con ganancias exageradas, incluso dentro de programas oficiales. “Es urgente que las autoridades de seguridad, como Omar García Harfuch, intervengan”, exigió.
El diputado también propuso eliminar los tribunales agrarios actuales y convertirlos en una sala especializada, al considerar que muchos de sus magistrados y jueces actúan con criterios conservadores y corrupción, dictando fallos contra comunidades indígenas y ejidatarios. “Es como entregarle la Iglesia a Lutero”, dijo con ironía.
Pero el debate no se quedó ahí. Narro pidió revisar la nueva Ley General de Aguas que enviará la presidenta al Congreso, pues asegura que mantiene “matices neoliberales” al no reconocer las dotaciones colectivas de agua que históricamente se entregaban junto con las tierras ejidales. Según él, esto deja a las comunidades sin certeza sobre sus recursos hídricos y las expone a trámites burocráticos o incluso corrupción para renovar concesiones.
Los representantes de la CNPA coincidieron en que el país necesita una “gran reforma agraria” que devuelva al campo la justicia y el poder de decisión sobre su tierra, su agua y sus productos. Claudia Serapio, de la organización, denunció que los tribunales agrarios operan como “mercados judiciales” más interesados en el dinero que en los derechos sociales. Por su parte, Alfredo Echeverría, productor de Durango, relató cómo los campesinos venden el frijol en 16 o 17 pesos el kilo y los intermediarios lo revenden hasta en 27, marginando a los productores de los beneficios reales del programa de precios de garantía.
La CNPA anunció que celebrará su Asamblea Nacional Plenaria el 19 de octubre, un foro en la Cámara de Diputados el 20 y una movilización nacional el 21, para exigir más presupuesto y una política pública que fortalezca la producción nacional de alimentos. El mensaje es claro: sin campo, no hay país.
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