Por Bruno Cortés
En la Cámara de Diputados, el legislador Pablo Vázquez Ahued, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa que busca ponerle un alto a los abusos de las compañías de telefonía móvil y fortalecer los derechos de los consumidores. Su propuesta consiste en reformar el artículo 185 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para que los usuarios tengan más control sobre lo que pagan y cómo usan su servicio.
En palabras simples, la reforma permitiría que cualquier persona con un plan de celular —ya sea pospago o prepago— pueda fijar un límite máximo de consumo para evitar cobros extras por datos, llamadas o servicios que no contrató. Además, esta opción no debería implicar ningún costo adicional ni trámite engorroso.
Vázquez Ahued explicó que la idea central es que los usuarios tengan la última palabra sobre su gasto y que las empresas no puedan hacer cargos sorpresa, algo que, según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es una de las principales causas de quejas en el país. Solo en el último año, la mayoría de las inconformidades de los usuarios tuvieron que ver con fallas en el servicio, cobros indebidos, problemas con los saldos y ofertas que no se respetan.
La iniciativa también propone que los contratos de telefonía deban explicar de forma clara y sencilla los compromisos de calidad que asume cada empresa, con parámetros definidos por la autoridad reguladora. Si la compañía no cumple con esos estándares —por ejemplo, si el servicio falla de manera constante o no ofrece la velocidad prometida—, el usuario podrá cancelar su contrato sin penalización, pagando únicamente lo que adeude hasta el momento.
Otro punto clave es el de los equipos. El diputado planteó que, cuando una persona termine de pagar su celular o concluya el contrato, la empresa deberá desbloquear el dispositivo de manera inmediata y sin necesidad de acudir a un centro de atención, siempre que sea técnicamente posible. Esto busca acabar con la práctica de retener los equipos o poner trabas para que el usuario cambie de compañía.
La propuesta también considera que, si un cliente tiene saldos o servicios no utilizados, estos deberán reintegrarse automáticamente en el siguiente mes de facturación, siempre que sea viable desde el punto de vista técnico. En pocas palabras: si pagaste por datos o minutos que no usaste, deben regresarte el dinero o acreditártelo.
Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendría la obligación de revisar al menos cada 18 meses las condiciones de los contratos que ofrecen las telefónicas, para garantizar que se cumplan los estándares de calidad y transparencia. En caso de detectar irregularidades, podría exigir modificaciones inmediatas.
La exposición de motivos de la iniciativa es contundente: los usuarios de telefonía móvil siguen enfrentando cobros indebidos, servicios deficientes y obstáculos para ejercer sus derechos. Desde cargos por servicios no contratados, hasta bloqueos injustificados o cambios de plan sin previo aviso, las prácticas abusivas se mantienen a pesar de las regulaciones actuales.
Con esta propuesta, el legislador de MC busca que la relación entre las empresas de telecomunicaciones y los usuarios sea más justa, moderna y transparente. En un país donde casi todos dependemos del celular para trabajar, estudiar o comunicarnos, tener un servicio confiable, sin trampas ni letras chiquitas, es más que una comodidad: es un derecho.
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