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Chilpancingo exige apoyo a Sheinbaum ante ola de violencia contra transporte público

Chilpancingo, Guerrero, se encuentra en alerta tras los recientes ataques contra el transporte público que dejaron a dos unidades incendiadas y a varias personas lesionadas. La alcaldía decidió suspender actividades del transporte hasta nuevo aviso y pidió ayuda al gobierno federal y estatal para garantizar la seguridad de los ciudadanos.

El primer incidente se reportó la madrugada del domingo, cuando un camión de pasajeros fue incendiado, lo que obligó a suspender temporalmente varias rutas. Horas más tarde, una camioneta también fue atacada, elevando la alarma entre los usuarios y las autoridades locales. Aunque los hechos sorprendieron a la población, el riesgo era previsible: desde agosto, el gobierno de Chilpancingo había solicitado apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Evelyn Salgado ante la presencia de grupos armados en la región.

Según documentos enviados por el alcalde Gustavo Alarcón, las solicitudes de ayuda fueron reiteradas y basadas en reportes de redes sociales y del sistema C4. El 8 de agosto se alertó sobre la presencia de un grupo de aproximadamente 3,000 personas armadas, mientras que el 8 de septiembre se reportó un grupo de 50 hombres encapuchados y vestidos con atuendo militar. A pesar de estas advertencias, las medidas de refuerzo no llegaron a tiempo para prevenir los ataques recientes.

El ayuntamiento urgió nuevamente al gobierno federal y estatal a brindar “el respaldo necesario y fortalezcan las acciones encaminadas a garantizar la seguridad y paz que la ciudadanía merece”. Mientras tanto, el transporte público permanece suspendido y se implementan operativos de vigilancia para proteger a la población y evitar nuevos incidentes.

La situación en Chilpancingo refleja la complejidad de garantizar seguridad en zonas donde grupos armados operan con cierta impunidad, y destaca la necesidad de coordinación inmediata entre autoridades locales, estatales y federales para proteger a los ciudadanos y mantener la operatividad de servicios esenciales como el transporte público.

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