La Misión Cortafuegos obligará a Sheinbaum a combatir, ahora sí, el huachicol.
Por Carlos Lara Moreno
El acuerdo que firmaron México y Estados Unidos para frenar el tráfico de armas y combatir el robo de combustible —el llamado huachicol— se presentó como un hito de cooperación binacional.
Bajo el nombre de Misión Cortafuegos, la estrategia permitirá que la inteligencia estadounidense y mexicana se crucen en tiempo real para rastrear armas desde su venta en territorio norteamericano hasta su aparición en delitos cometidos en México.
Al mismo tiempo, se habilitan grupos de trabajo conjuntos para desmantelar redes que operan con contrabando de hidrocarburos y fraudes fiscales vinculados al IEPS.
La carga política de Sheinbaum
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, el acuerdo no es solo un tema de seguridad: es una apuesta de legitimidad.
Al colocarse en la primera línea contra el tráfico de armas, envía un mensaje de firmeza hacia el norte y de protección hacia dentro.
Pero el pacto tiene un filo delicado: no se trata únicamente de “delincuentes comunes”, sino de verdaderos Demonios del
Poder entramados en los que ya aparecen nombres de marinos, agentes aduanales y empresarios. La administración de Sheinbaum no podrá alegar desconocimiento.
Los marinos en el espejo
Durante años, la Secretaría de Marina administró puertos estratégicos bajo la lógica de que solo la disciplina naval podía contener el contrabando.
Hoy, varios de sus mandos son señalados en expedientes judiciales como piezas clave en operaciones de huachicol fiscal: cargamentos de combustibles disfrazados como aditivos o lubricantes para evadir impuestos.
Hasta ahora, hay 14 personas detenidas, entre ellas seis marinos, tres empresarios y cinco ex funcionarios aduanales, todos vinculados con el robo de combustible en el norte del país.
El caso más visible es el del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina José
Rafael Ojeda Durán
Esto pone bajo presión a Sheinbaum y a su secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles: o se limpia la institución o se corre el riesgo de que la nueva cooperación internacional se convierta en papel mojado.
Empresarios bajo la lupa
En paralelo, un sector de empresarios se acostumbró a operar al filo de la ley, triangulando combustibles vía puertos del Golfo y maquillando facturas para evadir el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Con el acuerdo, ese margen de impunidad se estrecha: Estados Unidos puede congelar cuentas, bloquear operaciones logísticas y generar trazabilidad con tecnología que deja poco espacio a la simulación.
El sector privado lo sabe: los primeros nombres que aparezcan en listas negras serán un mensaje ejemplar.
Lo que viene
El éxito del acuerdo se medirá pronto. Una baja verificable en el flujo de armas que llegan desde Texas, Arizona o Nuevo
México a los cárteles mexicanos sería la primera prueba.
La otra será la capacidad de llevar a juicio —y a sentencia— los casos de huachicol fiscal que hoy incomodan tanto en los puertos como en los despachos de empresarios.
En la retórica, Sheinbaum ha defendido que “la soberanía no se negocia”. Pero la verdadera soberanía se juega en la congruencia: demostrar que ni los marinos ni los capitanes de empresa están por encima de la ley.
El cortafuegos binacional está encendido. Falta ver si en México hay voluntad de apagar, de una vez por todas, la corrupción que alimenta al crimen.
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