Por Bruno Cortés
En el Congreso se abrió un debate que toca la realidad de miles de familias: el costo de presentar un examen de admisión. La diputada Hilda Magdalena Licerio Valdés, del PVEM, presentó una iniciativa para que las instituciones públicas de educación media superior y superior no cobren fichas, cuotas ni derechos de examen a quienes provienen de hogares en pobreza, comunidades indígenas o afromexicanas, así como a jóvenes víctimas de violencia o desplazamiento forzado.
La propuesta busca modificar la Ley General de Educación para que, en la práctica, la gratuidad no solo sea un principio escrito en la Constitución, sino una realidad tangible. Hoy, aunque la educación pública es gratuita por ley, muchos estudiantes se topan con la primera barrera al intentar ingresar: pagar la ficha o la cuota del examen de admisión, que para familias en situación vulnerable representa un gasto difícil de cubrir.
Licerio Valdés señaló que estas prácticas no solo contradicen la gratuidad educativa, sino que refuerzan desigualdades históricas. Para una persona que vive en condiciones de pobreza, que pertenece a una comunidad indígena o que fue desplazada por la violencia, pagar ese trámite puede significar dejar de intentarlo y abandonar la posibilidad de seguir estudiando.
La diputada explicó que el objetivo de su iniciativa es reducir esas desigualdades de origen y garantizar que el acceso a la educación no dependa del dinero disponible en casa, sino del esfuerzo y talento de cada joven. Recordó que la educación debe ser el gran motor de la movilidad social, pero no puede cumplir con esa misión si se le ponen trabas económicas a quienes más la necesitan.
Con esta reforma, se eliminarían barreras injustas y se fortalecería el derecho a la educación como un bien universal, abriendo las puertas para que miles de jóvenes tengan una oportunidad real de seguir estudiando y construyendo un futuro mejor.
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