Por Juan Pablo Ojeda
Una revelación del diario The Washington Post pone bajo la lupa la relación entre Estados Unidos y México en materia de seguridad. Según el medio, a principios de este año, funcionarios de la DEA propusieron al Gobierno de Donald Trump una serie de ataques militares dirigidos a cárteles de la droga en territorio mexicano, incluyendo golpes a líderes de estas organizaciones e infraestructura clave. Sin embargo, la Casa Blanca y el Pentágono habrían detenido estas sugerencias por considerarlas legales y estratégicamente problemáticas.
Las fuentes citadas por The Washington Post indican que, aunque los cárteles mexicanos fueron clasificados como organizaciones terroristas extranjeras, esto no otorgaba automáticamente autoridad para realizar ataques militares sin un marco legal sólido. Derek Maltz, administrador interino de la DEA en ese momento, respaldó los ataques a laboratorios y líderes del narcotráfico, siempre dentro de la cooperación con México, y destacó el papel del Gobierno de Claudia Sheinbaum en arrestos e incautaciones importantes.
No obstante, los ataques requerían autorización del Pentágono, lo que generó debates internos sobre la legalidad y la jurisdicción de estas acciones. La DEA se limitó a señalar que su misión se lleva a cabo “dentro del marco de la ley y en coordinación con nuestros socios interinstitucionales”.
Estas revelaciones ocurren en un contexto de tensión por recientes ataques estadounidenses a supuestas narcolanchas venezolanas en el Caribe y muestran la compleja estrategia de la Administración Trump frente al narcotráfico transnacional, equilibrando la acción militar con la cooperación diplomática con México.
Este episodio evidencia que, aunque la lucha contra los cárteles sigue siendo prioridad, las decisiones sobre ataques militares en territorio extranjero requieren coordinación, autorización legal y acuerdos bilaterales que, hasta ahora, han impedido acciones directas de EE. UU. en suelo mexicano.
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