Por Juan Pablo Ojeda
La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) otorgó un contrato por 551 millones de pesos a la empresa Umami Ingeniería Especializada, S.A. de C.V., compañía vinculada a exfuncionarios del C5 de la Ciudad de México que trabajaron bajo la coordinación de José Peña Merino, actual titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). Esto ha generado cuestionamientos sobre un posible conflicto de interés.
De acuerdo con una investigación del medio El CEO, el contrato, formalizado el 31 de julio, busca dar mantenimiento a equipos de rayos X no invasivos en aduanas de todo el país, utilizando recursos del Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del Artículo 16 de la Ley Aduanera (FACLA), fondo destinado a proyectos de seguridad e infraestructura en comercio exterior.
El propietario de Umami Ingeniería, Jesús Daniel Pérez González, fue director de Tecnología del C5 capitalino durante la administración de Claudia Sheinbaum y trabajó directamente con Peña Merino, lo que genera cuestionamientos sobre la imparcialidad en la adjudicación. Otros funcionarios clave involucrados, como Carlos Melendez Sagahón y Arturo Jeshván Alcántara Villanueva, también coincidieron con Pérez González en el C5.
Según la investigación, al momento de la firma del contrato, Umami Ingeniería no cumplía con los requisitos de experiencia mínima ni de capital social, ya que fue fundada en mayo de 2024 con un capital inicial de apenas 50 mil pesos, mientras que el contrato exigía un capital de al menos 2.5 millones de pesos. Además, se detectaron inconsistencias en la documentación, incluyendo fechas discordantes en cotizaciones y cartas de exclusividad.
A pesar de estas irregularidades, Peña Merino señaló que la agencia garantiza interoperabilidad, escalabilidad y control en compras públicas de tecnología, destacando la importancia de estos sistemas para reforzar la seguridad fronteriza y la recaudación aduanera.
No obstante, los vínculos entre los funcionarios involucrados y la falta de claridad sobre la capacidad técnica de la empresa han colocado bajo escrutinio la transparencia del proceso de adjudicación, mientras los ojos del público y de la prensa se mantienen atentos a las decisiones de ANAM y del gobierno federal.
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