Por Bruno Cortés
¿Quién no ha vivido el viacrucis de intentar cancelar una suscripción? Das un clic para contratar un servicio de música, películas, videojuegos o gimnasio, pero cuando decides cancelarlo parece misión imposible: llamadas eternas, trámites presenciales, citas que nunca se cumplen y, aun así, el cargo llega puntual a tu tarjeta de crédito. Ese abuso fue el que llevó a la Cámara de Diputados a aprobar, por unanimidad, una reforma que promete devolverle el control al consumidor.
Con 438 votos a favor, las y los legisladores avalaron cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor para que cualquier suscripción o membresía con cobro recurrente pueda cancelarse de manera inmediata, sencilla y sin penalizaciones. La iniciativa, presentada por Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, busca que cancelar sea tan fácil como suscribirse: un clic y listo.
La idea es que las empresas estén obligadas a notificar con al menos cinco días de anticipación que se aproxima la renovación automática. El cliente podrá decidir si continúa o no con el servicio, y el proveedor no podrá seguir cobrando si la respuesta es negativa. Además, todo cobro recurrente requerirá un consentimiento expreso, claro y transparente, con información visible sobre monto, periodicidad y fecha de cargo.
Monreal lo explicó con un ejemplo cercano: él mismo confesó haber sido víctima de este abuso. Rentó un departamento y quiso cancelar un canal de entretenimiento, pero le exigieron hacerlo en persona, con trámites interminables. Tuvo que cancelar su tarjeta para frenar el cobro indebido, lo que terminó llevándolo al buró de crédito. Ese tipo de historias, que se repiten en millones de hogares mexicanos, fueron el motor de esta reforma.
La relevancia no es menor: 67 millones de mexicanas y mexicanos usan plataformas digitales y en este año se calcula que el gasto en ellas rondó los dos billones de pesos. Es un mercado gigantesco en el que, hasta ahora, los consumidores quedaban en desventaja.
México, con esta medida, se alinea con lo que ya existe en países como Estados Unidos y Europa, donde basta un clic para cancelar y donde las empresas que se niegan a hacerlo enfrentan sanciones económicas. Aquí, la apuesta es que la Profeco tenga dientes para vigilar y sancionar a las compañías que no respeten este nuevo derecho.
En pocas palabras, la reforma manda un mensaje claro: las plataformas y proveedores ya no podrán jugar con el tiempo, la paciencia y el bolsillo de los usuarios. Lo que sigue es que el Senado ratifique lo aprobado en Diputados para que el “clic para cancelar” se convierta en ley y, con ello, se cierre la puerta a un abuso cotidiano que hasta ahora parecía normalizado.
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