Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en el Paquete Económico 2026 se propone reducir 15 mil millones de pesos del presupuesto destinado al Poder Judicial, tras la revisión solicitada por el nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ). La propuesta forma parte de un esfuerzo más amplio por optimizar los recursos públicos y reorientarlos hacia sectores prioritarios para la sociedad.
En conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mandataria explicó que la medida no busca afectar la operación del Poder Judicial, sino ajustar los recursos a lo que realmente requiere para funcionar. “Se comunicó el Órgano de Administración Judicial de que en efecto van a hacer una revisión del Presupuesto del Poder Judicial. Nosotros estimamos que de lo que pidió la anterior presidenta de la Corte a lo que realmente necesitan se puede disminuir el presupuesto al Poder Judicial como 15 mil millones de pesos, que lo que le estamos pidiendo a la Comisión de Presupuesto es que sean distribuidos en deporte, en el INAH, una parte en cultura y una parte en inversión pública”, detalló.
De aprobarse, el dinero liberado se destinaría a fortalecer áreas clave que impactan de manera directa en la ciudadanía. Parte de los recursos se enfocaría en el fomento al deporte, para impulsar infraestructura y programas que beneficien a jóvenes y comunidades; otra fracción iría al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), reforzando la conservación del patrimonio cultural y la investigación; mientras que el resto se canalizaría a proyectos de cultura e inversión pública que buscan mejorar la calidad de vida en distintas regiones del país.
Expertos en política y economía destacan que este tipo de ajustes busca equilibrar el gasto público, permitiendo que los recursos se utilicen de manera más eficiente y priorizando inversiones que generen un impacto social tangible. También señalan que la medida refleja un esfuerzo por transparentar el manejo de los recursos y vincular el presupuesto federal con resultados concretos en bienestar social, deporte y cultura.
El siguiente paso recae en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Unión, que analizará la propuesta y definirá los montos finales y la distribución de los recursos. El debate promete ser relevante, ya que marca un precedente en la reasignación de fondos entre poderes del Estado y sectores estratégicos, demostrando cómo se pueden armonizar las necesidades institucionales con políticas públicas que beneficien directamente a la población.
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