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Congreso va por una sola ley contra la extorsión

Por Bruno Cortés

 

En México, uno de los delitos que más pega en el bolsillo y en la tranquilidad de la gente es la extorsión. Esa llamada sospechosa que pide dinero para no hacerte daño, ese mensaje amenazante que llega al celular o incluso el cobro de piso a comerciantes, todo entra en esta categoría. El problema es que hasta hoy cada estado del país define y castiga la extorsión de manera distinta. Lo que en un lugar es delito grave, en otro puede tener sanciones más leves, y esa falta de uniformidad complica que la justicia sea pareja.

El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo, celebró que el Congreso aprobara una reforma al artículo 73 de la Constitución que permitirá crear una ley general contra la extorsión. ¿Qué significa eso en palabras simples? Que ya no habrá 32 definiciones distintas, sino una sola a nivel nacional, con reglas claras y homogéneas para todo el país.

La reforma plantea que desde la primera amenaza, incluso sin que la víctima entregue dinero, ya pueda considerarse tentativa de extorsión y sancionarse. Es decir, si alguien recibe una llamada intimidatoria o un mensaje de cobro, esa acción ya estaría castigada por ley. Además, se incluirán agravantes para castigar con mayor dureza cuando los responsables sean servidores públicos o policías, y también cuando las víctimas sean mujeres, adultos mayores o niñas y niños.

Mejía lo dijo con todas sus letras: la extorsión debe tratarse como el secuestro, con penas severas y sin beneficios preliberacionales. Esto quiere decir que quienes sean condenados por extorsión no puedan salir antes de tiempo por “buena conducta” o reducción de penas; si reciben 15 años, cumplirán los 15 años completos.

En pocas palabras, lo que busca esta reforma es mandar un mensaje contundente: la extorsión ya no será un delito con sanciones dispares y blandas. Se convertirá en un crimen definido y castigado de la misma manera en todo México, con especial dureza en los casos más sensibles. Para muchos, es un paso necesario frente a lo que Mejía llamó “el cáncer criminal que más lastima a las y los mexicanos”.

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