Por Bruno Cortés
En un país donde la corrupción suele esconderse tras expedientes empolvados y silencios incómodos, el senador panista Marko Antonio Cortés Mendoza levantó la voz en el Senado para exigir que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a fondo las muertes sospechosas relacionadas con el llamado huachicol fiscal. Con un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, el legislador buscó que el tema no se quede en las páginas policiales, sino que llegue al corazón de las instituciones.
El huachicol fiscal —ese arte macabro de mover combustible ilegalmente con sellos, permisos o facturas alteradas— no solo erosiona los ingresos públicos, también mina la credibilidad de las autoridades que deberían combatirlo. El saldo es inquietante: siete muertos en circunstancias más que sospechosas, entre ellos marinos, exfuncionarios de la FGR y un miembro de la Agencia Nacional de Aduanas. El mensaje es claro: quien estorba en este negocio no vive para contarlo.
Entre los casos más recientes destacan el supuesto accidente del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga en Sonora durante una práctica de tiro; el homicidio del marino Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias en Colima; el presunto suicidio del capitán Abraham Jeremías Pérez Ramírez en Tamaulipas; y el asesinato del delegado de la FGR en ese mismo estado, Ernesto Vásquez Reyna. Una seguidilla de muertes que parecen sacadas de un guion de cine negro, pero con actores de carne y hueso cuya ausencia deja vacíos reales en las instituciones.
Marko Cortés advirtió que estos hechos podrían revelar algo más turbio: redes de corrupción que cruzan a la Secretaría de Marina, la Agencia Nacional de Aduanas y la propia FGR. En su intervención, demandó al fiscal Alejandro Gertz Manero investigaciones “exhaustivas, transparentes y sin sesgos”, con el fin de garantizar que la impunidad no siga siendo la sombra que acompaña cada expediente incómodo.
El tono del senador no fue menor. “La pérdida de vidas humanas en el cumplimiento del deber, especialmente bajo circunstancias sospechosas, exige una respuesta inmediata, profesional y con apego estricto a la legalidad”, señaló con firmeza. En un país donde las cifras de homicidios suelen ser estadísticas frías, su declaración buscó recordar que detrás de cada número hay un rostro, una familia y una institución debilitada.
La propuesta también apuntó a una crítica más amplia: la falta de estrategia en seguridad y combate al crimen organizado. Para Cortés, mientras la atención política se concentre en discursos triunfalistas, el huachicol fiscal seguirá creciendo como un cáncer que erosiona al Estado desde adentro. Un cáncer que no solo roba combustible, sino también confianza en las instituciones.
Lo positivo de este llamado es que, al menos en el discurso legislativo, la exigencia de rendición de cuentas ya no es solo un recurso retórico. Con esta propuesta, Cortés busca poner en el centro la necesidad de investigaciones imparciales, donde los culpables no se midan por su rango, uniforme o filiación política, sino por las pruebas que los incriminen. Un gesto necesario en un país donde las líneas entre justicia y complicidad suelen difuminarse.
En suma, el punto de acuerdo presentado no solo visibiliza un tema incómodo para el gobierno federal, sino que también plantea una ruta: investigar, esclarecer y sancionar. El reto será que este reclamo no se diluya entre comunicados oficiales, sino que se traduzca en acciones concretas que impidan que el huachicol fiscal siga cobrando vidas mientras los responsables se escudan en la impunidad.
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