Por Bruno Cortés
La política mexicana tiene sus días de rutina y sus días de historia. Este martes toca lo segundo: la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó al término de la reunión con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) que todo está listo para la sesión solemne en la que el Estado mexicano presenciará la toma de protesta de 881 nuevos juzgadores. No es un acto menor: se trata de un momento fundacional para el Poder Judicial, un parteaguas institucional que busca reforzar la legitimidad y la pluralidad de la justicia en el país.
Castillo Juárez subrayó que el evento no es propiedad de la Cámara alta, sino un acontecimiento de carácter nacional. Y no le falta razón: pocas veces un acto del Senado tiene esta magnitud simbólica, en la que convergen todos los grupos parlamentarios para fijar postura frente a un Poder Judicial renovado. El acuerdo es claro: habrá posicionamientos de todas las bancadas, en lo que promete ser un ejercicio de pluralidad política bajo la solemnidad de la ocasión.
La presidenta explicó que la jornada del martes se dividirá en dos tiempos: primero, la reunión del Congreso General a las cinco de la tarde, y posteriormente, a las 19:30 horas, la sesión solemne en el recinto senatorial. Con puntualidad poco usual en la política nacional, la logística se encuentra afinada hasta en los detalles: la protesta no podrá realizarse de manera conjunta para todos, sino que se organizará por grupos, en un proceso escalonado que permita el ingreso y salida ordenada de los juzgadores.
El simbolismo es poderoso: casi 900 nuevos funcionarios judiciales desfilando por grupos en el Senado, prestando juramento ante la República. El acto recuerda que la justicia mexicana no es una abstracción, sino que se materializa en mujeres y hombres que asumirán la responsabilidad de impartirla. Y si el país suele asociar la palabra “histórico” a discursos vacíos, este es un caso en que la dimensión del hecho respalda el adjetivo.
Para la clase política, el evento también representa una oportunidad de mostrarse a la altura. La senadora lo dejó claro: cada grupo parlamentario tendrá la palabra. Y si bien los posicionamientos pueden variar en tono y énfasis, el solo hecho de coincidir en un acto solemne habla de un consenso mínimo: que la institucionalidad no se negocia, aunque la política cotidiana viva de sus desencuentros.
Los detalles prácticos, como la división en grupos para la protesta, podrían parecer burocráticos. Sin embargo, en un país donde el caos suele colarse en las ceremonias oficiales, esta logística anticipa un ejercicio de disciplina y respeto. Castillo Juárez insistió en que todo está previsto para que la sesión transcurra sin contratiempos, lo que ya sería un logro en sí mismo en el accidentado calendario legislativo.
El trasfondo no puede ignorarse: en tiempos donde la confianza en las instituciones se tambalea, un acto de esta envergadura busca enviar un mensaje de certeza. El Senado se coloca como garante de la legalidad y como escenario de un pacto político más amplio, en el que se reconoce la necesidad de un Poder Judicial fuerte y legitimado.
Laura Itzel Castillo cerró la entrevista con sencillez: “Muchas gracias. Buenas noches”. Palabras breves para un acto que promete ser extenso y trascendente. Porque, al final, lo que importa no es la retórica, sino la señal clara de que la política mexicana, al menos por una tarde, será capaz de dejar a un lado la grilla para asumir la solemnidad de un momento fundacional.
Deja una respuesta