Por Bruno Cortés
El diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), presentó una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, con el objetivo de incluir la corrupción inmobiliaria dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. La propuesta fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y eventual dictamen.
“La prisión preventiva oficiosa se plantea dada la gravedad del delito, para que el responsable no eluda su responsabilidad por sus actos”, argumentó el legislador.
¿Qué es la corrupción inmobiliaria?
De acuerdo con el documento presentado, la corrupción inmobiliaria implica la colusión entre autoridades y desarrolladores, lo cual facilita:
-
Cambios irregulares de uso de suelo
-
Adjudicaciones directas
-
Venta ilegal de tierras ejidales
-
Construcciones sin permisos
-
Comercialización de viviendas sin servicios ni infraestructura adecuada
Este fenómeno ha provocado gentrificación, despojo de comunidades, alza de precios, y desigualdad social, además de desfalcos millonarios en contratos públicos.
Afectaciones a mujeres y adultos mayores
Mejía Berdeja destacó que los sectores más vulnerables ante esta problemática son mujeres jefas de familia y personas mayores, especialmente en zonas urbanas como la Ciudad de México, donde la falta de documentos de propiedad o asesoría legal los deja indefensos ante despojos y desplazamientos forzados.
El caso Querétaro: vivienda fuera del alcance
La iniciativa menciona que el aumento desmedido del precio de la vivienda está generando condiciones imposibles para adquirir patrimonio. Solo en Querétaro, el precio promedio de una vivienda ronda los 2 a 3 millones de pesos, mientras que en 2015 el promedio nacional era de 1 millón de pesos.
“En menos de una década se duplicaron o triplicaron los precios, dificultando enormemente el acceso a una vivienda digna”, expuso Mejía.
Plazos y acciones propuestas
La reforma plantea los siguientes transitorios:
-
El Congreso de la Unión deberá reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales en un plazo máximo de 90 días para incluir el delito de corrupción inmobiliaria.
-
Servidores públicos y particulares que hayan incurrido en estas prácticas en los últimos 180 días previos a la entrada en vigor del decreto, podrán ser investigados bajo esta nueva figura penal.
-
El Ejecutivo Federal y la Fiscalía General de la República (FGR) deberán emitir lineamientos de capacitación en corrupción inmobiliaria para personal del sector público, incluyendo obras, justicia y notariado.
-
La FGR deberá presentar un informe público anual con casos, sanciones y avances en materia preventiva.
Con esta propuesta, el legislador del PT busca cerrar el paso a los abusos inmobiliarios, castigar penalmente a quienes han lucrado con la vivienda, y proteger a las familias que han sido víctimas del despojo, la especulación y la falta de justicia.
Esta reforma se suma a los intentos por dignificar el acceso a la vivienda en México y contener un fenómeno que ha crecido de forma alarmante en los últimos años, afectando tanto al patrimonio como al tejido social de cientos de comunidades.
Deja una respuesta