Por Bruno Cortés
En México, hay lugares que literalmente salvan vidas. Son los refugios para mujeres víctimas de violencia, espacios donde ellas —junto con sus hijas e hijos— pueden escapar de situaciones extremas, encontrar apoyo legal, psicológico y médico, y reconstruir sus vidas lejos del miedo. El problema es que esos espacios están sobreviviendo a duras penas, sin dinero, y con cada vez menos apoyo del gobierno.
Eso fue lo que denunció esta semana la diputada Mariana Guadalupe Jiménez Zamora, del PAN, en una rueda de prensa junto a representantes de la Red Nacional de Refugios (RNR). Y no es un reclamo menor: pidió, de frente, que el Gobierno Federal asigne un presupuesto suficiente, estable y garantizado para estos centros en el próximo Presupuesto de Egresos 2026.
¿Por qué ahora? Porque, como explicó la diputada, el presupuesto para refugios ya viene en picada. En 2025 se aprobó con un recorte del 4.3%, lo que significa 21.8 millones de pesos menos que en años anteriores. Y eso sin contar que la inflación también les está pegando duro. Además, lo poco que sí se aprueba, se entrega a cuentagotas. En otras palabras: los refugios operan con retrasos, sin certeza de si podrán cubrir su nómina, pagar la renta o atender nuevas víctimas.
Y aun así, más de 70 refugios y centros de atención externa atendieron a 7,399 personas. Esto con una demanda que se ha disparado en más del 500%. La palabra que usó Jiménez Zamora lo resume todo: “admirable, pero insostenible”.
El problema no es nuevo, pero sí se ha agravado. Según explicó Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios, cada año es más difícil acceder a los fondos. Dijo que los procesos se han vuelto lentos, burocráticos y excluyentes, y denunció incluso que eventos regionales internacionales sobre temas de género, como la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer, han dejado fuera a voces clave como la suya.
Pero aquí no se trata sólo de política de escritorio. Jiménez Zamora fue clara: esto va más allá de los partidos, se trata de vidas reales. Y lo dijo sin rodeos: “el Estado tiene que garantizar que ninguna mujer tenga que escoger entre quedarse con su agresor o quedarse en la calle”.
La exigencia concreta es que el presupuesto del próximo año para estos refugios no sólo aumente, sino que esté protegido contra recortes y retrasos. Que sea un presupuesto progresivo, es decir, que crezca conforme a las necesidades reales. Y que exista un diálogo permanente entre el gobierno y quienes están en el frente de batalla contra la violencia de género.
Porque como dijo Figueroa: la vida de las mujeres no es negociable. Y si los refugios colapsan, no hablamos de cifras, hablamos de tragedias evitables.
Ahora la pelota está del lado del Ejecutivo. El Congreso tendrá que discutir ese presupuesto en los próximos meses. Y la pregunta que queda en el aire es simple pero brutal: ¿va a responder el gobierno con dinero real, o va a dejar otra vez a miles de mujeres sin refugio y sin futuro?
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