Por Juan Pablo Ojeda
La justicia colombiana acaba de escribir un capítulo histórico. Este viernes 1 de agosto de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, convirtiéndose así en el primer exmandatario en la historia de Colombia en recibir una sentencia penal en su contra. El fallo ha sacudido a la clase política y al país entero.
La responsable del veredicto fue Sandra Heredia, jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, quien determinó no solo la pena de cárcel, sino también una multa millonaria y una inhabilitación por más de ocho años para ocupar cargos públicos. La decisión se da tras un extenso y complejo proceso judicial que lleva más de una década dando vueltas en tribunales.
Uribe, de 73 años y figura central del partido Centro Democrático, escuchará formalmente la lectura completa del fallo este viernes por la tarde. Mientras tanto, el sistema judicial ya ha ordenado su traslado a prisión domiciliaria en su residencia del municipio de Rionegro, Antioquia, donde deberá cumplir la sentencia bajo control judicial.
Lo más impactante es que esta sentencia supera las expectativas de la propia jueza y de la fiscal del caso, Marlene Orjuela, quien había solicitado una pena de 9 años. Al final, la condena fue de 144 meses, es decir, 12 años, con un desglose que incluye los delitos de soborno en tres actos distintos, por haber presionado a tres testigos clave —Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Eurídice Cortés— para que cambiaran sus versiones en procesos judiciales donde se investigaban los vínculos de Uribe con grupos paramilitares.
El origen del caso se remonta a 2012, cuando el propio Uribe presentó una denuncia contra el entonces senador Iván Cepeda, a quien acusó de manipular testigos en su contra. Lo que comenzó como una ofensiva legal del expresidente terminó volviéndose en su contra, cuando el magistrado José Luis Barceló —en lugar de procesar a Cepeda— ordenó investigar a Uribe por la presunta manipulación de testigos para que negaran sus supuestos vínculos con el paramilitarismo.
La sentencia ha abierto una ola de reacciones encontradas. Por un lado, sectores críticos de Uribe celebran lo que consideran un triunfo de la justicia en un país donde los poderosos rara vez rinden cuentas. Por el otro, sus simpatizantes ya preparan la defensa mediática y legal del exmandatario, quien apelará la decisión ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Mientras tanto, la jueza Heredia fue clara en su exposición: consideró que el delito más grave fue el de soborno en actuación penal, y lo tomó como base para agravar la pena con el fraude procesal. En total, la sentencia consta de más de mil 100 páginas y es considerada por muchos como el juicio del siglo en Colombia.
Lo que viene ahora es una nueva etapa en la vida política y judicial de Álvaro Uribe, un personaje que, para bien o para mal, ha marcado a fuego la historia reciente de Colombia. Su condena no solo cambia el panorama político, también pone a prueba la solidez del Estado de derecho en uno de los países más complejos de América Latina.
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