Por Juan Pablo Ojeda
El asesinato de Irma Hernández Cruz, maestra jubilada y conductora de taxi en Álamo Temapache, Veracruz, ha encendido un nuevo foco de tensión política en el país. Su cuerpo fue localizado el pasado 24 de julio en un rancho a unos 40 kilómetros de Tuxpan, al norte del estado, en circunstancias que las autoridades aún manejan con sigilo. Sin embargo, la conmoción pública y las reacciones políticas no se hicieron esperar.
La gobernadora veracruzana, Norma Rocío Nahle García, afirmó a través de redes sociales que el crimen no quedará impune, pero evitó dar detalles del caso por “razones de seguridad”. En su mensaje, aseguró que se está actuando con firmeza: “El asesinato de la maestra Irma Hernández Cruz no quedará impune”.
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció sobre el caso durante la Mañanera del Pueblo, destacando que su gobierno ya implementa una estrategia nacional contra la extorsión, un delito que, aunque invisibilizado muchas veces, afecta a miles de personas, especialmente en zonas dominadas por el crimen organizado. “Primero hay que calificar cómo fue la muerte de esta mujer, también cuál es el contexto de esta situación”, dijo, al tiempo que reiteró que el gobierno federal sigue combatiendo este fenómeno.
Pero la respuesta más crítica vino desde el Senado. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya Cortés, responsabilizó directamente al Gobierno Federal de permitir el crecimiento de los grupos criminales en regiones como Veracruz. En un posicionamiento público, denunció que el crimen no es un caso aislado, sino el reflejo de una estrategia fallida de seguridad: “La brutal ejecución de Irma Hernández Cruz no es un hecho aislado. Es el reflejo más crudo de la crisis de inseguridad que vive México, una crisis alimentada por el pacto del poder con los criminales”.
Anaya acusó además al crimen organizado de haber tomado control territorial en distintas regiones del país, y calificó el caso como “terrorismo criminal”, al referirse al video que circuló antes de la muerte de Irma, donde ella habría sido obligada a emitir un mensaje bajo amenaza.
“Lo que ocurrió en Álamo, donde una mujer fue secuestrada, forzada a emitir un mensaje público bajo amenaza de muerte y luego asesinada, es un acto de terrorismo frente a una autoridad ausente, cómplice o rebasada”, sostuvo el senador.
En medio de la presión política, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó este fin de semana la detención de tres presuntos integrantes del grupo delictivo “Grupo Sombra”, ligado al crimen de la maestra. Esta organización es una célula derivada del Cártel del Golfo, según informes de inteligencia.
Los detenidos fueron identificados como Víctor Manuel “N” (alias El Cholo o Moyo), José Manuel “N” (El Gastón o Águila) y Jeana Paola “N”, quienes presuntamente participaron directamente en el secuestro y asesinato de Irma. Todos fueron vinculados con actividades delictivas de la Mafia Veracruzana, grupo criminal que opera en la región norte del estado.
El caso se ha convertido en un símbolo del colapso de la seguridad en zonas controladas por el crimen, y abre un nuevo frente para el gobierno de Sheinbaum, que apenas comienza su sexenio bajo el escrutinio de una oposición que exige resultados inmediatos ante una ola de violencia que no cede. Mientras tanto, la ciudadanía sigue exigiendo justicia para Irma Hernández y miles de víctimas que, como ella, enfrentan el abandono del Estado.
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