Sheinbaum acusa anomalías en contratos de taxis y anuncia investigación pública del caso

En conferencia, la mandataria explicó que el proyecto buscaba sustituir los taxímetros tradicionales por dispositivos digitales; sin embargo, al revisar el expediente en 2018, cuando asumió la jefatura de Gobierno de la capital, se identificaron anomalías en la asignación del contrato a un consorcio vinculado con actores políticos y empresariales. Ante ello, su administración decidió cancelar el acuerdo dentro del marco legal.

De acuerdo con lo expuesto, la adjudicación habría ocurrido durante la gestión en la que participó José Ramón Amieva, en continuidad con el periodo de Miguel Ángel Mancera. Sheinbaum señaló que el proceso presentaba inconsistencias que comprometían la transparencia y la viabilidad económica del proyecto.

Uno de los factores determinantes para la cancelación fue el rechazo de los propios taxistas, quienes denunciaron que los costos asociados a las tabletas eran elevados y afectaban directamente sus ingresos. Este elemento, sumado a las irregularidades administrativas, llevó al gobierno capitalino a frenar la implementación del sistema.

Tras la cancelación, las empresas involucradas iniciaron un proceso de arbitraje internacional amparado en un tratado comercial con Estados Unidos, argumentando afectaciones económicas. No obstante, según la presidenta, el tribunal resolvió a favor del gobierno mexicano, desestimando las reclamaciones y obligando a las firmas a absorber los costos del litigio.

La mandataria adelantó que en breve se presentará públicamente un informe detallado sobre el caso, en el que se documentará un presunto esquema de relaciones entre concesionarios, exservidores públicos y exlegisladores. Esta exposición contará con la participación de Andrés Lajous, quien, desde la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, dio seguimiento técnico y jurídico al proceso.

Sheinbaum enfatizó que la revisión del contrato y su posterior cancelación se realizaron conforme a derecho, y subrayó que el litigio internacional representó una prueba para sustentar la legalidad de las decisiones tomadas por su administración. La resolución favorable, afirmó, respalda la actuación del gobierno capitalino frente a intereses privados.

El caso reabre el debate sobre los mecanismos de adjudicación de proyectos tecnológicos en el sector transporte y la necesidad de fortalecer los controles de transparencia y rendición de cuentas en contratos públicos, particularmente aquellos que implican concesiones y cobros directos a trabajadores del servicio.