Por Bruno Cortés
El diputado Leonel Godoy Rangel, de Morena, respaldó públicamente la propuesta de la presidenta de la República para impulsar una Ley General contra el Delito de Extorsión, una iniciativa que busca enfrentar, de manera más coordinada y eficaz, uno de los delitos más dolorosos y extendidos en el país: el cobro de piso.
En declaraciones hechas durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, Godoy consideró acertada la idea de crear una política nacional unificada en torno a la extorsión, y aseguró que hay un amplio consenso legislativo para avanzar tanto en la reforma constitucional como en la creación de una ley secundaria.
“La modalidad más brutal y extendida es el cobro de piso”, explicó el legislador, quien además detalló cómo este delito se ha enraizado en regiones con alto potencial productivo. Un ejemplo claro es Tingüindín, Michoacán, un municipio pobre, pero lleno de huertas de aguacate. Ahí, según Godoy, el crimen organizado utiliza incluso a los ayuntamientos como instrumento para operar y reforzar su poder económico, político y criminal.
La propuesta de ley no solo responde a una necesidad legal, sino a una emergencia social: pequeños empresarios, productores, comerciantes e incluso funcionarios municipales viven bajo amenaza constante de estos grupos. El cobro de piso se ha convertido en la fuente principal de financiamiento del crimen organizado, más incluso que el narcotráfico en algunas regiones.
En cuanto al proceso legislativo, el diputado de Morena reconoció que todavía no se ha definido si se realizarán foros de consulta o si se iniciará el debate directo en comisiones. Sin embargo, confía en que haya respaldo de todos los grupos parlamentarios, dado que el problema de la extorsión afecta por igual a estados gobernados por distintos partidos.
También fue cuestionado sobre los recientes bloqueos a vías de comunicación en el Estado de México, tras el llamado Operativo Liberación. Según Godoy, estos hechos reflejan cómo las células criminales buscan imponer control territorial bajo pretextos de conflictos entre grupos, cuando en realidad todos buscan el mismo fin: controlar la extorsión.
Respecto al caso del exsecretario de seguridad de Tabasco, en tiempos del ahora senador Adán Augusto López, Godoy negó que se trate de un escándalo comparable al de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, actualmente condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Para el legislador de Morena, la oposición está forzando una narrativa: “Andan buscando desesperadamente un símil de García Luna y Calderón”, dijo. Y subrayó que, a diferencia de gobiernos anteriores, ahora las investigaciones se están realizando desde dentro del mismo gobierno, y que no hay impunidad: “Van a caer los que tengan que caer”.
Finalmente, remarcó que no hay cierre de filas en Morena. La postura del partido, dijo, es clara: que se investigue a fondo y se deslinden responsabilidades, sin proteger a nadie.
La extorsión ya no es un problema regional ni aislado. Es una estructura criminal nacional, con mecanismos cada vez más sofisticados y que golpea directamente a la economía local y a la seguridad de millones de personas. La gran pregunta ahora es si el Congreso podrá estar a la altura del reto.
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