Crimen de Diana Belén: el riesgo de denunciar violencia en comunidades sin protección

El caso de Diana Belén García Alfaro, también identificada en redes sociales como “Anaid” o “Anaid Belén”, ha puesto nuevamente bajo escrutinio la respuesta de las autoridades frente a denuncias de violencia previa. La activista, de 37 años, era conocida por su labor en el rescate de perros y por visibilizar casos de maltrato animal en el municipio de Tultitlán.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, el 19 de marzo de 2026 se inició una carpeta de investigación tras el reporte de su desaparición en la colonia Sierra de Guadalupe. La institución activó los protocolos de búsqueda correspondientes y difundió una ficha para su localización.

Durante los días posteriores, familiares, rescatistas independientes y colectivos animalistas emprendieron acciones de búsqueda y difusión en redes sociales, denunciando la falta de resultados inmediatos. Fue hasta el 25 de marzo cuando se confirmó el hallazgo de su cuerpo sin vida, hecho que incrementó la presión social sobre las autoridades estatales.

Diversas organizaciones han señalado que el caso debe ser investigado bajo el protocolo de feminicidio, conforme a los lineamientos establecidos por la Fiscalía General de la República y el Instituto Nacional de las Mujeres, al existir antecedentes de violencia y amenazas previas contra la víctima.

Antes de su desaparición, Diana Belén había denunciado públicamente hostigamiento, agresiones físicas y amenazas por parte de vecinos. En publicaciones difundidas en redes sociales, mostró lesiones visibles en el rostro y advirtió sobre el riesgo que enfrentaba, señalando incluso temer por su vida ante la falta de protección efectiva.

Colectivos animalistas y organizaciones civiles han cuestionado si las denuncias previas fueron debidamente atendidas por las autoridades locales, y han exigido la revisión de los mecanismos de protección para personas defensoras de animales, quienes —afirman— enfrentan riesgos crecientes en contextos de violencia comunitaria.

El caso también ha reavivado el debate sobre la violencia de género en el Estado de México, una de las entidades con mayores índices de feminicidio, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Organizaciones especializadas han reiterado la necesidad de fortalecer la prevención, atención y sanción de este delito.

Hasta el momento, la FGJEM mantiene abierta la investigación y no ha informado sobre personas detenidas. Mientras tanto, familiares, activistas y colectivos continúan exigiendo justicia, esclarecimiento de los hechos y garantías de no repetición en un caso que evidencia posibles fallas estructurales en la atención de denuncias de violencia previa.