El escándalo que vincula al exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, con el grupo criminal La Barredora ha generado una tormenta política que ahora amenaza con salpicar directamente al senador y exgobernador Adán Augusto López Hernández. El caso pone en entredicho los controles institucionales en los estados y abre un nuevo frente de tensión dentro del partido Morena, justo cuando enfrenta su primera etapa de gobierno federal bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum.
Bermúdez, conocido como El Comandante H, es actualmente buscado por la justicia mexicana e internacional. La Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión en su contra, mientras Interpol activó una ficha roja para su localización. Se le acusa de liderar una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación, responsable de delitos como narcotráfico, tráfico de migrantes, robo de combustible y ejecuciones extrajudiciales en el sureste del país.
Las acusaciones no surgieron de la nada. Desde 2019, informes del Ejército y documentos filtrados por Guacamaya Leaks advertían sobre redes criminales infiltradas en la policía estatal de Tabasco, incluyendo el nombre de Bermúdez y posibles conexiones con altos funcionarios del gobierno estatal de aquel entonces. No obstante, Bermúdez fue nombrado y mantenido como titular de Seguridad Pública durante toda la administración de Adán Augusto López e, incluso, continuó en el cargo bajo el gobierno de su sucesor, Carlos Manuel Merino.
Cuestionado recientemente, López Hernández ha declarado no haber tenido conocimiento de actividades ilícitas por parte de su colaborador. “Jamás tuve información que lo vinculara con el crimen organizado”, afirmó. Sin embargo, la presión no ha cesado, especialmente tras la revelación de que algunas dependencias federales ya conocían los antecedentes de Bermúdez. La oposición ha anunciado que interpondrá denuncias para que se investigue si hubo encubrimiento, negligencia o complicidad.
En Morena, las reacciones han sido dispares. Mientras el Consejo Nacional del partido respaldó a López con gritos de “¡No estás solo!” y la bancada senatorial defendió su integridad, la presidenta Claudia Sheinbaum fue categórica: “No se va a encubrir a nadie. La Fiscalía debe actuar con plena independencia”. La mandataria también exhortó a evitar linchamientos mediáticos sin pruebas, aunque reiteró su compromiso con la transparencia.
La situación ha llevado a analistas y comentaristas políticos a trazar paralelismos con el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, condenado en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico. Aunque las diferencias son importantes —García Luna fue juzgado y condenado, mientras López no ha sido acusado formalmente—, la comparación apunta a una inquietud común: ¿cómo es posible que estructuras del crimen operen desde las instituciones encargadas de combatirlo?
El caso también refleja un problema de fondo: la debilidad de los mecanismos de vigilancia institucional y el uso político de las fiscalías. Organizaciones civiles advierten que lo ocurrido en Tabasco no es un caso aislado, sino parte de un patrón que favorece la impunidad y permite que grupos criminales se mimeticen en el aparato público.
Por ahora, el senador López Hernández no enfrenta cargos legales, pero sí un creciente escrutinio político y mediático. Las próximas semanas serán clave para determinar si la justicia avanza con autonomía o si el escándalo se convierte en una crisis de legitimidad para un partido que prometió regenerar la vida pública del país.
La Barredora, lejos de ser una célula criminal más, ha puesto en jaque no solo a las autoridades tabasqueñas, sino también al proyecto de transformación que encabeza Morena. La pregunta sigue en el aire: ¿es posible gobernar con honestidad mientras se convive con la sombra del crimen organizado en las estructuras del poder?
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