Las revelaciones sobre el vínculo entre Hernán Bermúdez Requena, alias El Comandante H, y el grupo criminal La Barredora, han detonado un nuevo escándalo político que involucra al exgobernador de Tabasco y actual senador de Morena, Adán Augusto López Hernández. Bermúdez, prófugo con orden de aprehensión y ficha roja de Interpol, fue titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco durante el mandato de López, y ahora es señalado como presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al narcotráfico, tráfico de personas, huachicol y ejecuciones.
Informes filtrados por Guacamaya Leaks y fuentes castrenses apuntan a que ya en 2019 existían reportes sobre las actividades criminales de Bermúdez dentro de redes de corrupción policiaca. Sin embargo, no solo se mantuvo en su cargo durante todo el sexenio de López Hernández, sino que fue ratificado por la administración siguiente. Esta permanencia ha levantado serias dudas sobre posibles omisiones, negligencia o incluso complicidad por parte del entonces gobernador.
Adán Augusto ha rechazado de manera categórica conocer los antecedentes de su excolaborador. “Nunca tuve información que lo vinculara con el crimen organizado”, aseguró en declaraciones recientes. A pesar de que por el momento no enfrenta cargos ni citatorios formales, su nombre ha quedado irremediablemente atado al caso, lo que ha generado inquietud dentro de su partido y combustible para la crítica desde la oposición.
El episodio ha generado un quiebre interno en Morena. Aunque durante el último Consejo Nacional senadores y consejeros cerraron filas en torno a López con consignas de apoyo, otras figuras del partido han adoptado una postura más cauta. La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que no habrá encubrimientos y que la Fiscalía debe actuar con plena autonomía. “No se trata de linchamientos mediáticos, pero tampoco de proteger a nadie”, declaró.
Desde el PAN y el PRI se anunció que se presentarán denuncias penales contra López Hernández, argumentando que ignorar las señales sobre el historial criminal de Bermúdez implicaría, cuando menos, responsabilidad administrativa. Para la oposición, este caso es una oportunidad para evidenciar contradicciones en el discurso de transformación que Morena ha abanderado desde su llegada al poder.
Las comparaciones con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón hoy preso en Estados Unidos por sus nexos con el narcotráfico, no se han hecho esperar. Analistas y columnistas advierten que el respaldo incondicional a López podría convertirse en un boomerang político para Morena. Se cuestiona si el movimiento está dispuesto a asumir una depuración interna o si optará por cerrar filas a pesar del desgaste reputacional.
El caso también plantea un problema estructural más allá de la coyuntura: la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública a nivel estatal. Según organizaciones civiles, La Barredora operó con protección institucional durante años, evidenciando la fragilidad de los mecanismos de control y fiscalización en entidades como Tabasco.
Por ahora, el desenlace es incierto. La justicia mexicana no ha girado acusaciones directas contra el senador, pero la presión pública y mediática sigue creciendo. La pregunta que muchos se hacen, dentro y fuera de Morena, es si este escándalo marcará un punto de inflexión para el partido en el poder, o si será otro caso más en el archivo de la impunidad.
Deja una respuesta