Por Juan Pablo Ojeda
Los centros de detención de migrantes en Florida enfrentan una crisis humanitaria tras un incremento del 111 por ciento en su población desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. De acuerdo con un nuevo informe de Human Rights Watch (HRW) y otras organizaciones civiles, esta situación ha derivado en hacinamiento, abusos sistemáticos y dos muertes, incluso antes de que se inaugurara el polémico centro de detención “Alligator Alcatraz”.
Según los últimos datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), actualmente hay 2,524 migrantes detenidos en el Centro Krome, el Centro de Detención Federal (FDC) de Miami y el Centro Transicional Broward. Esto ocurre en paralelo a la apertura, el pasado 3 de julio, de “Alligator Alcatraz”, un mega centro que podrá albergar hasta 4 mil personas y que ha sido duramente criticado por organizaciones como Sanctuary of the South (SOS), que ya presentó una demanda federal.
La denuncia de SOS es contundente: el centro “viola la Constitución de Estados Unidos”, específicamente los derechos al debido proceso, libertad de expresión y acceso a defensa legal. Aseguran que hay migrantes incomunicados y sin acceso a abogados, en condiciones que califican como inhumanas.
El informe, desarrollado por HRW junto con Americans for Immigrant Justice y SOS, revela que las condiciones en los centros de detención de Florida son alarmantes. Migrantes entrevistados reportaron negligencia médica, trato denigrante y hacinamiento extremo, con el centro Krome operando casi al triple de su capacidad.
En todo el país, más de 56 mil personas estaban bajo detención migratoria en junio de 2025, el número más alto en la historia de EE. UU., con un crecimiento interanual del 40 por ciento. Según el informe, esto no es una coincidencia: es el resultado directo de una política migratoria agresiva que ha retomado fuerza con la nueva administración Trump y el respaldo del gobernador de Florida, Ron DeSantis.
Belkis Wille, directora asociada de HRW, fue clara: “A las personas en detención migratoria las tratan como menos que humanos. No son incidentes aislados, sino el reflejo de un sistema dañado y plagado de abusos”.
Los expertos también subrayan que esta política está separando familias. Denise Noonan Slavin, consejera legal de Americans For Immigrant Justice, denunció que padres, madres y niños están siendo arrancados de sus comunidades, para luego desaparecer en un sistema deshumanizante y opaco.
A pesar de que tanto el Gobierno federal como el ICE tienen estándares mínimos de trato humanitario, las organizaciones aseguran que se están violando de forma sistemática, sin que exista vigilancia efectiva o rendición de cuentas.
La situación en Florida se perfila como uno de los mayores focos de atención para los derechos humanos en Estados Unidos, y organizaciones civiles ya piden la intervención inmediata de cortes federales y organismos internacionales.
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