Por Bruno Cortés
En la política mexicana, pocas figuras han generado tantas emociones encontradas como Hugo López-Gatell. Para unos fue la cara de la salud pública en tiempos de crisis; para otros, el símbolo de las omisiones y fallos que marcaron la pandemia. Hoy, el nombre del exsubsecretario de Salud vuelve a la conversación pública, no por su papel durante el Covid-19, sino por un nuevo y controversial nombramiento internacional.
En plena sesión de la Comisión Permanente, la diputada Laura Ballesteros Mancilla, de Movimiento Ciudadano, no se anduvo por las ramas: acusó que el Gobierno federal está premiando al doctor López-Gatell con un cargo que —según sus palabras— no solo es «fraudulento», sino que también “duplica funciones”.
¿Qué quiere decir esto? Ballesteros explica que ya existe una embajadora que representa oficialmente a México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), con sede en Ginebra: Francisca Elizabeth Méndez Escobar. Es decir, el puesto que ahora se le pretende dar a López-Gatell ya está ocupado. Y no solo eso, sino que no hay recursos asignados para una nueva plaza. “Las plazas están congeladas”, remató la diputada.
En pocas palabras, Movimiento Ciudadano acusa al Gobierno de inventar un puesto para darle una salida elegante a quien debería, según ellos, estar dando explicaciones ante la justicia por su actuar durante la pandemia. Ballesteros lo dijo claro: “en lugar de reparar el daño y generar garantías de no repetición para las víctimas del Covid-19, le están dando un premio de consolación”.
Por eso, junto con el diputado Pablo Vázquez Ahued, presentaron un punto de acuerdo: un exhorto formal para que el Ejecutivo federal —es decir, el presidente— explique por escrito al Congreso por qué y bajo qué criterios se decidió nombrar a López-Gatell como representante ante la OMS. Porque, hasta ahora, ni ha sido transparente el proceso ni se ha informado al Congreso, que es quien debe vigilar estos actos del gobierno.
Pero ahí no acaba la cosa. En la misma rueda de prensa, Vázquez Ahued aprovechó para meter otro tema al debate: el congelamiento de una reforma que podría cambiarle la vida a miles de servidores públicos. Se trata de la reforma al artículo 123 constitucional, la que garantizaría un salario base de 17 mil pesos mensuales a trabajadores como maestros, personal de seguridad y de salud. Una mejora que ya fue aprobada, pero que el Senado aún no declara oficialmente como constitucional. Y sin esa declaratoria, no puede entrar en vigor.
En resumen, mientras se dan nombramientos polémicos sin claridad legal ni presupuestal, reformas que sí beneficiarían directamente a miles de familias mexicanas están atoradas en el camino legislativo. Es un contraste que, como suele pasar en la política mexicana, levanta cejas y deja muchas preguntas en el aire.
¿Se trata de una estrategia política? ¿De una protección velada? ¿O simplemente de una falta de coordinación institucional? Lo cierto es que la historia de López-Gatell aún no se cierra, y ahora se juega a nivel internacional.
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