Por Bruno Cortés
¿Y si los ciudadanos pudieran sacar a su alcalde antes de que termine su periodo, si de plano no está dando resultados? Eso es justo lo que plantea el diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo (PT), con una iniciativa de reforma constitucional que busca meter de lleno la figura de revocación de mandato para presidentas y presidentes municipales.
A grandes rasgos, la idea es sencilla: si la ciudadanía pierde la confianza en su gobierno municipal, pueda organizarse para solicitar su salida, sin tener que esperarse a las próximas elecciones. Hoy en día, la Constitución permite que los congresos locales suspendan o revoquen mandatos de autoridades municipales, pero es algo que depende exclusivamente de los diputados, no de la gente.
Con esta propuesta, que ya fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, se busca que las constituciones de los estados establezcan las reglas para estos procesos, pero bajo ciertos principios comunes. Por ejemplo, que la solicitud de revocación solo pueda hacerse una vez durante el periodo del alcalde, que se presente entre el mes 18 y 21 del mandato, y que venga respaldada por al menos el 3% de los ciudadanos en la lista nominal del municipio.
La votación sería libre, directa y secreta, y para que realmente se remueva al alcalde, tendría que haber una participación mínima del 40% del electorado, con mayoría absoluta en favor de la revocación. Y, claro, esta jornada no podría coincidir con elecciones locales o federales, para evitar confusiones o mezclas de agendas.
Lo interesante del planteamiento es que quien resulte electo para sustituir a la persona revocada terminaría el periodo constitucional, es decir, no se quedarían sin alcalde ni habría que organizar nuevas elecciones completas. Todo está pensado como un mecanismo ágil, democrático y ciudadano, no como una guerra política.
En la exposición de motivos, Mejía Berdeja hace hincapié en que esta propuesta busca fortalecer la democracia participativa, esa donde el pueblo no solo elige, también evalúa y decide. Porque al final del día, dice el legislador, la ciudadanía es quien sufre —o goza— las decisiones de su gobierno local, ya sea por el manejo de la seguridad, los servicios públicos, los trámites o incluso la mejora de los espacios comunes.
El mensaje es claro: no se trata de castigar por capricho, sino de tener una herramienta seria y legal para cuando los alcaldes no cumplen o se olvidan de para quién trabajan. Y también se trata de evitar candados y trabas que hagan imposible usar esa herramienta cuando la gente lo necesita.
Si esta reforma avanza, estaríamos ante un cambio importante en la manera en que las y los ciudadanos se relacionan con sus gobiernos municipales. Sería una señal de que la confianza no es un cheque en blanco, sino algo que se gana todos los días. Porque, como dicen por ahí, gobernar no es un privilegio: es una responsabilidad.
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