Activistas piden a Brugada investigar presunto envenenamiento de animales en Xochimilco

Ciudad de México, 14 de noviembre de 2026.— Ante la muerte de al menos 38 animales por presuntos envenenamientos en la zona de La Brecha, en Xochimilco, integrantes del colectivo Comunidad Pro Canina solicitaron a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, una intervención institucional que incluya investigaciones, atención veterinaria forense y mecanismos efectivos para sancionar el maltrato animal.

Mediante un oficio entregado al equipo de la mandataria capitalina, los activistas, representados por Karina Cortés, plantearon que las acciones de prevención y concientización implementadas hasta ahora son insuficientes frente a los casos denunciados por habitantes de la zona. Entre las especies presuntamente afectadas se encuentran perros, gatos, cacomixtles y otros animales.

La petición contempla fortalecer la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (FIDAMPU), así como mejorar la capacidad institucional para recibir, integrar y dar seguimiento a las denuncias relacionadas con envenenamiento y maltrato animal.

Una de las principales propuestas consiste en instalar puntos para realizar necropsias en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, con el propósito de contar con elementos periciales que permitan identificar las sustancias utilizadas, determinar las causas de muerte y aportar pruebas a las investigaciones ministeriales.

El colectivo también solicitó capacitar a los ministerios públicos para que atiendan adecuadamente este tipo de denuncias y establezcan procedimientos claros para recibir evidencias, canalizar los casos y evitar que las investigaciones queden sin seguimiento.

De acuerdo con los antecedentes expuestos por los activistas, el problema no sería reciente. En una reunión previa con la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), realizada en San Luis Tlaxialtemalco, se planteó desarrollar actividades de concientización dirigidas a productores de plantas para promover el respeto a los animales. Sin embargo, Comunidad Pro Canina considera que estas medidas no resuelven la necesidad de investigar los hechos y establecer responsabilidades.

Por su parte, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, señaló que la dependencia no tenía reportes de una serie de casos con esas características, aunque indicó que la zona se mantiene bajo monitoreo. También informó sobre la colocación de carteles y lonas preventivas para advertir que envenenar animales constituye un delito e hizo un llamado a la población para denunciar nuevos incidentes.

La postura de la Secretaría de Medio Ambiente contrasta con los señalamientos del colectivo, que sostiene haber documentado decenas de casos. Esta diferencia evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de comunicación entre autoridades, habitantes y organizaciones civiles, además de establecer registros verificables sobre los animales afectados.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cuenta con una instancia especializada en delitos ambientales y protección urbana. En su Plan de Trabajo 2025-2029, la institución contempla la atención de casos de maltrato animal, la priorización de investigaciones según la gravedad del daño y la coordinación con autoridades de protección animal. Estos instrumentos hacen relevante conocer cómo se aplican dichos compromisos ante las denuncias de Xochimilco.

El caso plantea un desafío que va más allá de colocar avisos preventivos: determinar qué ocurrió, identificar a los posibles responsables y garantizar que las denuncias se traduzcan en investigaciones con respaldo pericial. Mientras no existan resultados verificables, los habitantes y defensores de animales mantienen la exigencia de una respuesta coordinada de las autoridades capitalinas.