Adicciones y derechos humanos: CDMX abre debate sobre la supervisión de centros de atención

La Ciudad de México presentará un conjunto de salvaguardas para fortalecer la supervisión de los centros de tratamiento de adicciones, identificar posibles violaciones a los derechos humanos y prevenir prácticas de violencia, discriminación y malos tratos contra las personas usuarias. La iniciativa busca establecer criterios de monitoreo preventivo y promover una atención que respete la dignidad y autonomía de quienes reciben estos servicios.

La presentación de las Salvaguardas para el monitoreo de centros de tratamiento de adicciones en América Latina se realizará el próximo martes 10 de noviembre, con la participación del Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), la organización Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Uruguay.

El documento reúne estándares y buenas prácticas para orientar la supervisión de establecimientos dedicados al tratamiento de personas con problemas de consumo de sustancias. Entre sus objetivos se encuentra detectar condiciones que puedan representar riesgos para la integridad de las personas, así como identificar posibles vulneraciones de derechos durante los procesos de atención.

La propuesta cobra relevancia ante la necesidad de garantizar que los servicios de tratamiento de adicciones operen bajo criterios de respeto a los derechos humanos. La atención de estos padecimientos no debe traducirse en prácticas de violencia, discriminación, restricciones injustificadas o tratos que vulneren la dignidad de las personas.

De acuerdo con las instituciones organizadoras, esta iniciativa forma parte del proyecto binacional México-Uruguay “Construir servicios de salud mental y adicciones libres de violencia y discriminación”, cuyo propósito es fortalecer los mecanismos de protección y promover modelos de atención con enfoque de derechos humanos.

Durante el encuentro también se analizarán los desafíos del marco normativo, las experiencias de monitoreo preventivo y las medidas necesarias para garantizar que los establecimientos de tratamiento ofrezcan condiciones seguras. La reunión convocará a representantes gubernamentales, organismos de derechos humanos, organizaciones civiles y especialistas de ambos países.

Entre las personas participantes estarán Nadine Flora Gasman Zylbermann, secretaria de Salud de la Ciudad de México; María del Rocío Lombera González, coordinadora general de Asuntos Internacionales del Gobierno capitalino; y Claudia Alarcón Zaragoza, segunda visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

También participarán Amaya Ordorika Imaz, directora general del IASAMA; María Sirvent Bravo-Ahuja, directora ejecutiva de Documenta; Jimena Fernández Bonelli, directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay; y Antonio Rueda Cabrera, director ejecutivo del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A la discusión se sumará Renata Demichelis, directora para México de Elementa DDHH, además de representantes de instituciones mexicanas y uruguayas relacionadas con la salud mental y la defensa de las garantías fundamentales.

La presentación se llevará a cabo de las 10:00 a las 13:00 horas en la Sala Digna Ochoa 2 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ubicada en avenida Universidad 1449, colonia Axotla, alcaldía Álvaro Obregón.

Aunque la elaboración de criterios de supervisión representa un avance para fortalecer la protección de las personas usuarias, uno de los principales retos será traducir estos estándares en mecanismos efectivos de vigilancia, atención a denuncias y corrección de irregularidades. La aplicación de las salvaguardas y la capacidad institucional para dar seguimiento a posibles abusos serán determinantes para que la iniciativa tenga resultados más allá del ámbito documental.

Fuentes: Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), Secretaría de Salud de la Ciudad de México y Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.