Ley de Rentas en CDMX: bancos piden libertad para fijar precios al cambiar de inquilino

La Asociación de Bancos de México (ABM) planteó modificar la iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas de la Ciudad de México para permitir que propietarios y nuevos arrendatarios negocien libremente el precio de la vivienda cuando concluya un contrato. La propuesta abre un nuevo frente de discusión sobre los alcances de la regulación impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, particularmente en materia de aumentos, garantías y seguridad jurídica.

Entre los principales cambios solicitados por el sector bancario también se encuentran reducir el alcance obligatorio del Registro Digital de Contratos, flexibilizar las garantías exigidas para rentar una vivienda y revisar las restricciones relacionadas con los gastos de intermediación inmobiliaria. Además, plantea delimitar las facultades de las instancias públicas contempladas en la iniciativa para atender conflictos entre propietarios e inquilinos.

La principal diferencia con el proyecto del Gobierno capitalino está en el precio de las rentas cuando cambia el arrendatario. La iniciativa de Brugada propone que los incrementos no superen la inflación del año anterior, incluso cuando termina un contrato y comienza otro con una persona distinta. En contraste, la ABM considera que debe conservarse ese límite durante la relación contractual con el mismo inquilino, pero permitir un nuevo acuerdo sobre el precio inicial cuando ingrese otra persona.

La ABM argumenta que mantener el precio de un contrato anterior como referencia para una nueva relación de arrendamiento podría reducir los incentivos de los propietarios para conservar, mejorar y ofrecer inmuebles en alquiler. Desde esta perspectiva, la regulación debe proteger a quienes ya rentan sin limitar la posibilidad de establecer condiciones económicas distintas cuando se incorpora un nuevo arrendatario.

Otro punto de controversia es el Registro Digital de Contratos. Mientras la iniciativa plantea que sea obligatorio para dar seguimiento a los acuerdos y garantizar el cumplimiento de los derechos de ambas partes, la propuesta bancaria busca que su inscripción tenga únicamente fines estadísticos y administrativos, sin convertirse en un requisito que determine la validez jurídica del contrato.

En cuanto a las garantías, el proyecto de Clara Brugada contempla limitar los requisitos para acceder a una vivienda en renta a una sola garantía de cumplimiento, además del depósito. La ABM propone revisar estas disposiciones y flexibilizar las condiciones, así como las restricciones sobre los gastos de intermediación, con el argumento de evitar mayores obstáculos para la formalización de los arrendamientos.

La asociación también plantea revisar las atribuciones de la Defensoría de las Relaciones Inquilinarias y del Gabinete de Acompañamiento Social ante Desalojos, dos mecanismos contemplados en la propuesta gubernamental. Su intención es delimitar las facultades de estas instancias para evitar posibles conflictos de competencia y dar mayor certeza jurídica a propietarios y arrendatarios.

El debate ocurre en medio del proceso de parlamento abierto organizado por el Congreso de la Ciudad de México. De acuerdo con información de las Comisiones Unidas de Vivienda y de Administración y Procuración de Justicia, se programaron diez mesas de diálogo del 6 al 17 de noviembre para recibir opiniones de autoridades, organizaciones civiles, especialistas, propietarios, inquilinos y representantes del sector empresarial.
congresocdmx.gob.mx+1

La discusión también debe considerar el marco jurídico vigente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó en febrero de 2026 el límite a los incrementos anuales de renta establecido en el artículo 2448 D del Código Civil capitalino, al considerar que constituye una medida legítima para proteger el derecho a una vivienda adecuada y prevenir aumentos desproporcionados. Sin embargo, precisó que esta disposición no elimina la libertad de las partes para establecer el monto inicial de la renta.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México ha defendido que la iniciativa no busca congelar los precios ni afectar el derecho de propiedad, sino establecer reglas para evitar incrementos excesivos, reducir prácticas discriminatorias y proporcionar herramientas de defensa jurídica a quienes participan en contratos de arrendamiento.

Hasta el momento, la propuesta de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles no ha sido aprobada. Las observaciones de la ABM y de otros representantes empresariales deberán contrastarse con las demandas de organizaciones de vivienda y personas arrendatarias antes de que las comisiones legislativas elaboren el dictamen correspondiente.

El principal desafío para el Congreso capitalino será encontrar un equilibrio entre la protección de quienes destinan una parte importante de sus ingresos al pago de vivienda y la certeza jurídica que reclaman los propietarios. La decisión sobre la libertad de fijar nuevas rentas, el registro de contratos y las garantías podría modificar de manera significativa las condiciones del mercado de alquiler en la capital.