OIC del INE investiga 18 expedientes por contratos irregulares y colusión

El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, reveló ante la Cámara de Diputados la existencia de 18 expedientes abiertos por presuntas irregularidades en contratos con proveedores, de los cuales 13 permanecen en fase de investigación y cinco ya derivaron en procedimientos de responsabilidad administrativa con imputación formal a servidores públicos. Durante su reunión con las comisiones unidas de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, el contralor detalló que las indagatorias abarcan delitos administrativos como desvío de recursos públicos, actuación bajo conflicto de interés, simulación de requisitos, abuso de funciones y daño patrimonial a la hacienda pública.

Las auditorías sacaron a la luz una red de colusión integrada por cinco compañías que, desde 2014 hasta 2025, han acaparado el 77 por ciento del mercado de material electoral en el INE y en los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES), sumando contratos por 2 mil 461 millones 75 mil pesos. Las firmas identificadas en este esquema oligopólico son Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg, Comercializadora JVLY y Seriplast de México, las cuales comparten socios y representantes legales —como el apoderado José Alfredo Hernández Casillas— para participar de forma conjunta, simular competencia y fijar sobreprecios de manera artificial en las licitaciones públicas.

Entre los casos más críticos detectados por el órgano fiscalizador destaca el contrato INE 007-2025 para la adquisición de urnas y mamparas del proceso electoral extraordinario, con un techo financiero de hasta 198 millones de pesos. En esta compra se infló la investigación de mercado para adjudicar directamente el proyecto por 26 millones de pesos arriba de la cotización de Talleres Gráficos de México a una empresa que modificó su objeto social apenas tres días antes del fallo; además, tras incumplir con los tiempos de entrega, el instituto le perdonó una pena convencional estimada en más de 40 millones de pesos, cobrándole únicamente 26 mil pesos.

El rastreo de las compras también exhibió anomalías en la fiscalización a Comercializadora JVLY, firma que obtuvo un contrato por 48 millones 569 mil 782 pesos para operar el sistema de voto electrónico por internet de los mexicanos residentes en el extranjero, pese a dedicarse históricamente a la papelería electoral y presentar documentos de cumplimiento fiscal pertenecientes a otra razón social. Asimismo, el OIC inhabilitó y multó a la proveedora Bell-Krom por dejar pendientes de entrega 18 mil 35 chalecos de un pedido total de 25 mil 302 unidades, mientras que una revisión a la administración anterior arrojó pagos indebidos por 25 millones 787 mil pesos en un contrato tecnológico de 2021 valuado en más de 372 millones.

Frente a los hallazgos en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Javier Octavio Herrera Borunda, advirtió que la comparecencia no busca debilitar al árbitro electoral ni emprender una cacería de brujas, sino limpiar a la institución de cualquier sospecha. El legislador cuestionó directamente al contralor sobre las alertas emitidas durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y las herramientas con las que cuenta su oficina para frenar la fabricación de estudios de mercado y la colusión entre funcionarios y contratistas.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, sostuvo que la limpieza debe llegar al fondo del Sistema Nacional Electoral bajo estricto apego al Estado de derecho, sin que nadie cargue con culpas ajenas pero garantizando que tanto corruptos como corruptores rindan cuentas ante la justicia. En la misma línea, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar planteó citar la próxima semana a la titular del órgano antimonopolios para desmantelar el sistema de proveeduría coludida que opera tanto a nivel federal como en los estados.

Desde los bloques de oposición, legisladores del PAN como Kenia López Rabadán, Héctor Saúl Téllez y Éctor Jaime Ramírez Barba exigieron al contralor aplicar medidas cautelares de oficio y suspender contrataciones viciadas, señalando que en 2025 el OIC asistió a 72 sesiones de adquisiciones pero solo practicó una auditoría mientras una empresa recibía más de 300 millones de pesos. A la par, diputadas de Movimiento Ciudadano, PRI, PT y PVEM demandaron conocer cuántos directivos con facultades de firma están involucrados y pidieron la comparecencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno ante el incremento presupuestal proyectado para las elecciones de 2027, donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

En respuesta a los cuestionamientos sobre los nombres de los funcionarios imputados, Carvente Contreras aclaró que el sigilo del debido proceso le impide revelar identidades o pruebas antes de que maduren las investigaciones definitivas. Precisó que las facultades del OIC se limitan a sustanciar faltas no graves, por lo que los cinco expedientes catalogados como faltas graves ya fueron emplazados y remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de desahogar los alegatos e imponer las sanciones definitivas.

Para cortar de raíz el acaparamiento de contratos que representa apenas el cuatro por ciento mediático frente al 96 por ciento del universo de compras del instituto, el titular del OIC propuso instaurar un padrón de integridad empresarial desde el Consejo General del INE y articular una estrategia nacional de fiscalización electoral. Este frente común involucraría a las auditorías superiores estatales, a los órganos de control de al menos 20 OPLES que han contratado con el mismo grupo de empresas y a la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de las participaciones del Ramo 28.