Caso Taddei: el testimonio anónimo que sacude al INE y las preguntas que deja sin responder

Por Angélica Beltrán

La salida de Guadalupe Taddei del Instituto Nacional Electoral no cerró la historia. El 27 de octubre, el canal La Saga, de Adela Micha, publicó una entrevista con Yohali Reséndiz, periodista de Opinión 51, quien aseguró haberse reunido seis veces con un informante encapuchado. Sus dichos abren nuevas preguntas, aunque la mayoría todavía no tiene respuesta documental.

El contexto está firme. Taddei anunció su renuncia el 25 de octubre y la entregó a la Cámara de Diputados el 26, días después de que Latinus difundiera, el 20 de octubre, un video en el que aparece con el proveedor José Alfredo Hernández Casillas. Las empresas de este proveedor suman más de mil millones de pesos en contratos públicos: 1,450 millones según La Jornada y alrededor de 1,767 millones según La Razón.

Primera pregunta: ¿qué ocurría en Picacho 259? Según el testigo, esa casa de Jardines del Pedregal era el centro de operaciones donde se buscaba colocar consejeros en los organismos electorales locales y repartir contratos. La periodista lo publicó el 26 de octubre en la columna «Picacho 259: el epicentro…». No existe, por ahora, confirmación independiente.

Segunda pregunta: ¿hubo dinero en efectivo? Según el testigo, en ese inmueble se entregaron sumas millonarias a consejeros. Tampoco hay prueba pública. Lo que sí existe es el señalamiento de la Auditoría Superior de la Federación, reportado por Reforma el 24 de octubre, sobre contratos simulados por 514 millones de pesos, y la investigación de la UIF a siete empresas del grupo.

Tercera pregunta: ¿quién filtró los videos? El título del video afirma que fue el exchofer. Lo comprobado es que Jonathan Navarrete es chofer de Taddei desde abril de 2025 y apoderado de Corporativo ZEG desde 2023. La idea de que filtró el material por encargo de un proveedor rival es, en palabras de la periodista, «su lectura».

Cuarta pregunta: ¿cuál fue el papel de la familia de Taddei? Según el testigo, su hijo formó parte de las empresas del proveedor. Lo único documentado es que aparece en videos de un viaje a París junto a Hernández Casillas.

Quinta pregunta: ¿desde cuándo existe la relación? Hay un antecedente verificado: en 2021, cuando Taddei presidía el Instituto Estatal Electoral de Sonora, se otorgó a Cajas Graf un contrato por 46.9 millones de pesos. En la entrevista se dijo que el proveedor trabajaba con el instituto desde tiempos de Leonardo Valdés, en 2003, pero Valdés presidió el IFE entre 2008 y 2013 y los contratos documentados empiezan en 2018.

También se mencionó a Jesús Octavio García, quien fue representante legal de Cajas Graf y Corporativo ZEG y luego director de Administración del INE, hecho confirmado. No hay respaldo para la versión de que él presentó a Taddei con el proveedor.

Otras afirmaciones, como el valor de 24 millones de pesos de la casa, el papel de Litho Formas como facturera o la posibilidad de boletas dobles y urnas de doble fondo, se presentaron según el testigo o como especulación, sin pruebas que las respalden.

El caso también plantea preguntas para el propio instituto. Si un chofer oficial de la presidencia era apoderado de una empresa proveedora, cabe preguntar qué controles existían para detectar ese tipo de conflictos. Esa es una interrogante que no depende del testigo, sino de documentos ya revelados.

Por su parte, la periodista ha sostenido que corroboró varios datos con su fuente, aunque en algunos casos, como el valor de la casa, su propia columna atribuye la información al testigo. Esa diferencia es importante para el lector.

El testimonio anónimo puede ser una pista valiosa para las autoridades, pero no sustituye a la evidencia. Las respuestas definitivas deberán venir de las investigaciones de la UIF y la ASF, y de documentos que permitan confirmar o descartar cada señalamiento.