Propietarios podrían pagar hasta 46 mil pesos por subir rentas por encima de la inflación

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó una iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles que plantea sancionar con multas de hasta 400 Unidades de Medida y Actualización (UMA) a los propietarios que incrementen el alquiler por encima de la inflación anual reportada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La propuesta busca establecer mecanismos de vigilancia y sanción para el mercado de arrendamiento habitacional en la capital. Sin embargo, la iniciativa todavía no es una ley vigente, por lo que las multas contempladas no pueden aplicarse con fundamento en este nuevo ordenamiento mientras no concluya el proceso legislativo correspondiente.

Uno de los principales puntos del proyecto consiste en establecer que los aumentos anuales de renta no podrán superar la inflación registrada durante el año inmediato anterior. El límite también se aplicaría cuando cambie la persona arrendataria, con el propósito de evitar que la sustitución del inquilino se utilice para elevar el precio del inmueble por encima del porcentaje permitido.

La iniciativa no contempla congelar las rentas de manera generalizada, sino permitir actualizaciones anuales sujetas al límite inflacionario. Como excepción, el propietario podría solicitar un incremento mayor cuando acredite la realización de mejoras sustanciales en el inmueble, como remodelaciones, ampliaciones o modernizaciones relevantes, conforme a las condiciones que establezca la regulación.

Multas y mecanismos de protección para inquilinos

El proyecto establece multas de entre 100 y 400 UMA para quienes incrementen la renta por encima del límite autorizado. Con el valor de referencia utilizado para presentar la propuesta, estas sanciones equivaldrían aproximadamente a entre 11 mil 731 y 46 mil 924 pesos; el monto efectivo dependerá del valor de la UMA aplicable y de las disposiciones definitivas que se aprueben.

También se plantean sanciones para los propietarios que no registren los contratos de arrendamiento dentro del plazo establecido. En estos casos, la multa podría corresponder a entre uno y tres meses de la renta pactada, una medida que busca incentivar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y facilitar la supervisión de los acuerdos entre arrendadores e inquilinos.

En caso de que el propietario exija un aumento superior al permitido, la propuesta contempla que la persona arrendataria pueda cubrir la renta anterior más el incremento autorizado, ya sea mediante el pago correspondiente o a través de la consignación ante un juzgado, conforme al procedimiento legal aplicable. Este mecanismo pretende ofrecer una alternativa para quienes enfrenten exigencias de pago que contravengan el límite establecido.

Contratos, garantías y registro obligatorio

La iniciativa incluye otras disposiciones para regular las relaciones entre propietarios e inquilinos. Entre ellas se encuentra el establecimiento de contratos con una duración mínima de un año, la obligación de fijar un solo precio de renta y la limitación de las garantías que pueden solicitarse, con un máximo de una garantía adicional al depósito.

Otro componente es el registro obligatorio de los contratos de arrendamiento, con el objetivo de generar información que permita verificar las condiciones pactadas y facilitar la supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales. La efectividad de esta medida dependerá de los procedimientos de registro, los plazos y los mecanismos de verificación que finalmente se establezcan.

El proyecto también propone crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias, adscrita a la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Esta instancia tendría funciones de orientación, conciliación y verificación del cumplimiento del límite de los aumentos, además de intervenir en la aplicación de las sanciones previstas por la nueva legislación.

Una regla que ya existe en el Código Civil

La propuesta se presenta en un contexto en el que la legislación capitalina ya contempla límites para los incrementos de renta. Desde agosto de 2024, el Código Civil de la Ciudad de México establece que el aumento anual no debe superar la inflación del año anterior. Por ello, uno de los principales cambios que plantea la nueva iniciativa es incorporar sanciones específicas y mecanismos institucionales para vigilar el cumplimiento de esa disposición.

La diferencia entre establecer un límite legal y garantizar su cumplimiento constituye uno de los aspectos centrales del debate. Para que la propuesta tenga efectos prácticos, será necesario definir cómo se comprobarán las infracciones, qué procedimiento se seguirá para imponer multas, qué medios de defensa tendrán las partes y cómo se resolverán los desacuerdos sobre las mejoras que podrían justificar un aumento extraordinario.

La iniciativa deberá pasar por el Congreso de la Ciudad de México, donde las personas legisladoras podrán analizar su contenido, formular modificaciones y determinar si se aprueba en los términos planteados. Hasta que concluya ese proceso y se cumplan los requisitos legales para su entrada en vigor, las nuevas multas y la Defensoría propuesta no podrán operar como establece el proyecto.

El alcance de la reforma dependerá no solo de la aprobación legislativa, sino también de su implementación. El registro de contratos, la capacidad de atención de la instancia de defensa y la claridad de los procedimientos serán elementos relevantes para determinar si las nuevas disposiciones ofrecen una protección efectiva a los inquilinos y reglas verificables para los propietarios.

Fuentes institucionales: Gobierno de la Ciudad de México, Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Congreso de la Ciudad de México y Código Civil para la Ciudad de México