La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) han lanzado conjuntamente una nueva publicación titulada «Salud mental, derechos humanos y legislación: orientaciones y prácticas». Esta publicación tiene como objetivo ayudar a los países a reformar su legislación para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y mejorar el acceso a una atención de salud mental de calidad.
A pesar de los esfuerzos realizados desde la adopción en 2006 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las violaciones de los derechos humanos y las prácticas coercitivas en la atención de salud mental siguen siendo comunes en todo el mundo. Muchos servicios de salud mental recurren a la hospitalización y el tratamiento sin consentimiento, lo que resulta en condiciones insalubres, violencia física y maltrato psicológico.
Las nuevas orientaciones proponen medidas para promover una atención comunitaria de la salud mental más efectiva, incluyendo una legislación que fomente la desinstitucionalización y la incorporación de un enfoque comunitario basado en los derechos. Esto implica la sustitución progresiva de las instituciones psiquiátricas por sistemas de apoyo comunitario y servicios integradores.
Además, las orientaciones subrayan la importancia de poner fin a las prácticas coercitivas en la atención de salud mental, como el internamiento sin consentimiento y el tratamiento forzoso. Se destaca que todas las personas tienen el derecho de decidir su atención y tratamiento, y que las prácticas coercitivas tienen un impacto negativo en la salud física y mental de las personas.
Estas orientaciones alientan a los países a adoptar un enfoque de la salud mental basado en los derechos, y se incluye una lista de control para evaluar si la legislación nacional cumple con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Se hace hincapié en la importancia de consultar a personas con experiencia práctica y a sus organizaciones, y en informar y concienciar a la población sobre cuestiones relacionadas con los derechos humanos.
Las orientaciones reconocen la necesidad de adaptar los principios y disposiciones a la situación específica de cada país, respetando sus contextos nacionales, lenguas, culturas y sistemas jurídicos.
Estas orientaciones representan un importante paso hacia la promoción de una atención de salud mental de calidad que respete los derechos humanos y erradique las prácticas coercitivas en este campo.
