CDMX a 16 de noviembre, 2022.- La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 476 votos, reformas a diversas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en materia de supervisión, denuncia y sanción para servidores públicos que vulneren derechos humanos de mujeres víctimas de violencia.
El dictamen, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, establece que en el diseño de las acciones de prevención se deberá promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos e incorporar la perspectiva de género, con especial énfasis en temas de violencia de género.
Puntualiza que incurrirá en falta administrativa no grave el servidor público cuyos actos u omisiones incumplan o transgredan las obligaciones de cumplir sus atribuciones con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género, especialmente en temas de violencia de género, por lo que deberá realizar los procedimientos en el menor tiempo posible y sin revictimizar.
Señala que podrán ser decretadas como medidas cautelares la prohibición de establecer cualquier tipo de comunicación con la persona denunciante o quien haya sido perjudicada por la acción u omisión de la conducta denunciada, objeto de la presunta responsabilidad administrativa.
Al fundamentar el dictamen, la diputada Patricia Terrazas Baca (PAN) dijo que el dictamen es resultado de un trabajo intenso en la búsqueda de consensos y aprobado de manera unánime por todas las fracciones parlamentarias.
Mencionó que en fechas recientes se han realizado homicidios de mujeres jóvenes, de madres, por lo que no podemos ser inmunes al dolor de las familias, hijos, padres y hermanos que han perdido a su ser querido.
“Por ello, se pretende continuar con el robustecimiento de acciones afirmativas en un entorno lacerante y de violencia para ellas, quienes, al exigir justicia se encuentran ante la indiferencia e inclusive agresión de la autoridad al revictimizarla, en lugar de prestarle auxilio”, sostuvo.
Puntualizó que el Poder Legislativo tiene la atribución de reforzar la obligación del gobierno para garantizar la denuncia de las mujeres a la violencia a la que son expuestas, así como proteger su derecho a una justicia expedita con perspectiva de género.
La legisladora Rosalba Cruz Valencia (Morena) consideró que la erradicación de la violencia contra las mujeres incumbe a todas las instituciones. Destacó la importancia de fortalecer el marco normativo que asegure el acceso a la justicia, el derecho a la verdad y el derecho a obtener la reparación integral del daño.
“Urge perfeccionar la ley que regula los procedimientos de sanción de carácter administrativo con el fin de incluir y considerar supuestos específicamente relacionados con el incumplimiento de organizaciones públicas en la atención, investigación y sanción de delitos cometidos contra mujeres y niñas”, afirmó.
