Ciudad de México, 8 de febrero del 2024 – En un paso significativo hacia el respeto de la dignidad humana al final de la vida, la senadora Imelda Castro Castro, del Grupo Parlamentario de Morena, ha presentado una propuesta legislativa clave: la Ley General de Voluntad Anticipada. Esta iniciativa busca asegurar que los enfermos en situación terminal reciban atención médica conforme a sus deseos, protegiendo su derecho a rechazar tratamientos que prolonguen su vida de manera innecesaria.
La legislación propuesta subraya la importancia de la ortotanasia, es decir, permitir la muerte natural sin intervenciones médicas que extiendan la vida artificialmente, prohibiendo cualquier acción que busque acortar intencionalmente la vida de una persona. Esta iniciativa se fundamenta en el respeto a la autonomía y dignidad de los individuos, principios rectores que guían este proyecto de ley hacia el reconocimiento del derecho a una muerte digna.
En un contexto donde la tecnología médica puede mantener la vida de manera artificial, la propuesta de Castro ofrece una solución compasiva y ética para aquellos que enfrentan enfermedades terminales, incurables e irreversibles. La ley aseguraría que los pacientes reciban cuidados paliativos adecuados, alivio del dolor, y el apoyo emocional y espiritual necesario durante sus últimos días, todo esto basado en su voluntad expresada previamente.
Para garantizar la validez del diagnóstico terminal, la iniciativa estipula que debe ser certificado por el médico tratante y confirmado por un segundo médico, asegurando así un proceso riguroso y empático. Además, la ley permitiría a cualquier persona mayor de edad, en pleno ejercicio de sus capacidades, declarar su voluntad anticipada de aceptar o rechazar tratamientos médicos en el caso de encontrarse en una situación terminal.
Esta medida legislativa también busca evitar cualquier forma de discriminación por parte de instituciones de salud, tanto públicas como privadas, hacia aquellos que decidan documentar su voluntad anticipada. Al hacerlo, promueve una cultura de respeto y comprensión hacia las decisiones personales relacionadas con la muerte y el proceso de morir.
La iniciativa ha sido enviada a las Comisiones Unidas de Salud, de Desarrollo y Bienestar Social, y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y discusión, marcando un momento histórico en la legislación mexicana en cuanto al cuidado y respeto de los derechos de los pacientes terminales.
