Ciudad de México, 21 de marzo de 2021.- En apenas cuatro meses de inicio de la campaña proselitista para las elecciones intermedias del 6 de junio, ya se reportaron 64 muertos por violencia y 230 atentados a candidatos, activistas o periodistas.
Lo lamentable es que la espiral de violencia sigue indetenible, a pesar de la intervención de las fuerzas armadas y policiales y la política del Gobierno, el cual logró un acuerdo para que los gobiernos federal, estatales, municipales y concejalías no intervengan, como ha sido tradicional, en favor de uno u otro candidato, la mayoría de las veces a costa del erario público.
Estos comicios son considerados los más grandes del país porque en la ocasión se elegirán desde gobernadores de estado hasta los 500 diputados de la Cámara Baja.
Sorprendentemente, la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador fue aceptada por unanimidad, y al menos existe un compromiso ético de los gobernantes de mantenerse al margen de la batalla.
¿Por qué esta inusitada violencia? La explicación es sencilla y la dan voceros del Gobierno. La docena de los más poderosos cárteles del crimen organizado que operan en México y con conexiones en Estados Unidos, tienen como base el municipio, la alcaldía y los ejidos, desde donde influyen en el resto de la estructura estatal e incluso federal.
Muchos de los gobiernos en esos niveles tienen infiltrados o enquistados a sus agentes, quienes en ocasiones ostentan cargos públicos, y aunque a menudo son denunciados, muy pocas veces se les han probado las acusaciones.
De esa manera, los cárteles juegan un papel decisivo en las elecciones para tratar de imponer a sus candidatos en cualesquiera de los partidos políticos en liza, sean o no de la oposición. Si el favorito en las encuestas no es de ellos o no es del cártel local más poderoso, su vida vale poco. En ese sentido, los órganos de seguridad ciudadana tienen un trabajo intenso e importante para tratar de identificar dentro de la gran maraña electoral quiénes son los representantes del crimen organizado.
Llama la atención, por ejemplo, que de los 64 políticos asesinados desde septiembre 2020 al 31 de enero de este año, 32 eran militantes del partido oficialista Morena y 23 del Revolucionario Institucional (PRI), más 15 del Revolucionario Democrático(PRD) y solamente tres de Acción Nacional (PAN), el adversario más acérrimo del Gobierno.
Voceros de Morena reflexionan en el hecho de que bajo el gobierno del PAN, con Felipe Calderón como presidente de México (2006-2012), se inició la guerra contra el crimen organizado en favor de uno de los grupos más poderosos de la mafia mexicana, y es el antecedente más cercano de la matanza que prevalece.
Aunque la violencia en el país tiene hondas raíces sociales, analistas coinciden en que su principal y más sanguinaria manifestación procede de las mafias, y le adjudican el origen de la tensión que se vive, porque la nación se encamina a un cambio profundo en la correlación de fuerzas.
Tomado de: Prensa Latina
