Ciudad de México, 6 de diciembre de 2023 – El escenario político mexicano se intensifica con la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de suspender la extinción de 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, valorados en 15 mil 434 millones de pesos. Esta decisión ha suscitado críticas enérgicas, especialmente por parte de Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado y senadora por Morena, quien ha calificado la situación como un conflicto de intereses, acusando a la SCJN de ser “juez y parte” en esta controversia.
En una entrevista realizada en el Senado, Rivera expresó su desacuerdo con la decisión del ministro Javier Laynez Potisek y argumentó que, según el artículo 105 de la Constitución Política y su ley reglamentaria, la suspensión no procede en temas de controversia constitucional. La senadora cuestionó la interpretación de los ministros frente a lo estipulado por la Constitución, señalando una violación a la misma.
Rivera enfatizó la necesidad de una reforma profunda en el Poder Judicial para evitar situaciones como esta, insistiendo en que la Constitución y la ley son claras y que los actuales conflictos de interés deben ser abordados. Además, cuestionó la práctica actual de la Corte, sugiriendo que se ha convertido en una costumbre actuar de manera contraria a lo que dicta la Constitución.
Respecto a una posible respuesta jurídica de la Mesa Directiva del Senado a la decisión de la SCJN, Rivera indicó que aún no se ha tomado una decisión al respecto, pero que están considerando dar tiempo al asunto.
Adicionalmente, Rivera destacó que la elección de una nueva ministra de la Corte está programada para el 13 de diciembre, en lo que será la penúltima sesión del periodo ordinario de sesiones. Esta elección se presenta como un momento crítico para el futuro del Poder Judicial en México, en un contexto marcado por el debate y la controversia.
La situación actual destaca las complejidades y tensiones dentro del sistema judicial y político de México. Mientras los diferentes actores políticos y judiciales continúan debatiendo y tomando decisiones, el país observa con atención cómo se desarrollan estos eventos y qué implicaciones tendrán para el futuro de su sistema de justicia.
