CDMX 20/08/2021.- El coordinador general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Ramírez Silva, subrayó la importancia de impulsar la aprobación de la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno aprobada por unanimidad el 29 de septiembre 2020 en la Cámara de Diputados, y que actualmente se encuentra en el Senado de la República esperando su pronta aprobación.
Enfatizó que la prevención es un tema central, generalmente se funciona como bomberos reaccionando a los conflictos o tragedias, y la respuesta es tardía y costosa no solo en vidas, sino en sufrimiento y tragedia humana.
Andrés Ramírez Silva señaló lo anterior durante el conversatorio virtual ‘Diálogos hacia la elaboración de un Protocolo para la Prevención del Desplazamiento Forzado Interno’, el cual fue inaugurado en representación del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, por el titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la dependencia, Enrique Irazoque Palazuelos.
En su intervención, el titular de dicha unidad reafirmó que atrás del Desplazamiento Forzado Interno (DFI), siempre hay una persona y una familia que se tiene que voltear a ver.
Por su parte, el director general de Política Pública de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, José Luis Calderón, coincidió en que el DFI es un problema público y para los gobiernos, no es reto menor.
Añadió que hoy se reconoce la importancia de desarrollar una estrategia preventiva para este fenómeno, y que la acción más significativa es la inclusión de este tema en el Programa Nacional de Derechos Humanos.
Asimismo, el titular de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Luis Fernando Rosas, destacó que las personas desplazadas presentan mayores obstáculos en el ejercicio de sus derechos, por lo que se necesita tener un diagnóstico especializado y tener un enfoque preventivo.
Agregó que es importante no criminalizar a las personas desplazadas, sobre todo cuando exigen sus derechos.
Participaron en este conversatorio virtual personas servidoras públicas integrantes de dependencias de los gobiernos federal, estatal y municipal, entre ellas, de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), y el Consejo Nacional de Población (Conapo), ambos adscritos a la Secretaría de Gobernación, además de Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México y personas especialistas en la materia, quienes coincidieron en resaltar la importancia de homologar criterios y acciones de prevención contra DFI.
