CDMX a 08 de diciembre, 2021.- Con la participación de la sociedad civil y el sector privado en el acompañamiento de los procesos de contrataciones públicas, la optimización de la legislación, y el fomento de la eficiencia en el sector público, es como se fortalecerá el combate a la corrupción y a la mala gestión de los recursos, se expuso en la Mesa de Diálogo “Medidas para Combatir la Corrupción en las Contrataciones Públicas”, organizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).
En el marco de la Semana Internacional contra la Corrupción, el titular de la Unidad de Auditoría a Contrataciones Públicas de la SFP, Eduardo Gurza Curiel, sostuvo que las compras públicas representan una parte sustancial del dinero de los contribuyentes, por lo que constituyen un ámbito clave de la actividad económica gubernamental que está particularmente expuesto a riesgos de corrupción.
Por ello, resaltó la importancia de la participación de los sectores civil y privado, especialmente de testigos sociales, con el fin de seguir favoreciendo las licitaciones públicas como un mecanismo idóneo de contratación, que pasaron de 40.6% en 2020 a 55.3% en 2021. En contraparte, las adjudicaciones directas por montos de actuación se redujeron de 7.3% a 1.5%, y las adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública disminuyeron de 35% a 27.5%.
Eduardo Gurza Curiel expuso que existen herramientas que han contribuido a la transparencia y la competencia de mercado en las contrataciones públicas, como son el CompraNet, actualmente en proceso de actualización, y las bitácoras electrónicas de Seguimiento a Obra Pública (BESOP) y de Seguimiento a Adquisiciones (BESA), esta última puesta en marcha por la SFP en octubre pasado.
En cuanto a la BESOP, señaló que de enero a octubre del presente año ha dado seguimiento a mil 493 contratos por un monto de 108 mil 687 millones de pesos (mdp) y 2 millones 933 mil dólares, en tanto que con la BESA, en la que ya se han registrado 44 contratos con valor igual o mayor a 15 mdp, que suman un monto de 3 mil 452.6 mdp.
Indicó que aún se requiere optimizar las disposiciones legales en la materia, pues se requiere la actualización de las leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y sus respectivos reglamentos, y expuso que bajo esa premisa en la SFP se están revisando las disposiciones generales y guías para la realización del proceso de fiscalización.
Al moderar la mesa, Gerardo Laveaga Rendón, titular de la Unidad de Transparencia y Políticas Anticorrupción de la SFP, subrayó que para el secretario de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, un gobierno abierto implica transparencia, rendición de cuentas y la participación crítica y propositiva de la sociedad civil.
Alfonso Camacho, titular de la Unidad de Normatividad y Contrataciones Públicas de la Oficialía Mayor de la SHCP, resaltó la utilización de estrategias específicas, como los contratos marco, para conseguir las mejores condiciones para el gobierno, y con lo que participan empresas pequeñas, medianas y grandes.
Eduardo Bohórquez López, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, consideró que el gobierno tiene que controlar los riesgos de que se presente corrupción en las compras públicas, y asegurar que cada operación funcione bien y que el conjunto de éstas tenga un sentido social o de utilidad pública.
Lía Álvarez, de México Evalúa, resaltó la importancia de la transparencia y rendición de cuentas para reducir la discrecionalidad en las compras públicas, y refirió tres problemáticas específicas: problemas de opacidad en la obra pública, adjudicaciones directas y falta de cumplimiento en las obligaciones de transparencia.
Jacobo Pastor García Villarreal, especialista en Políticas de Integridad y Compras Públicas de la OCDE, destacó que las compras públicas deben tener un valor estratégico para lograr los objetivos complementarios de la política pública como la sustentabilidad, el desarrollo de las Pymes, la innovación, una conducta empresarial responsable y objetivos sociales.
Los ponentes coincidieron en la importancia de implementar una plataforma para transparentar los procesos de contratación en compras y obra pública, así como adecuar la legislación a los estándares internacionales.
