La oposición en el Senado interpuso ante la Suprema Corte de Justicia una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de septiembre, por el que se deja el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
El recurso lo firman 49 legisladores de PAN, PRI, MC, PRD y grupo plural cuyo argumento central es que se viola la Constitución al pasar el control de la Guardia Nacional del ámbito civil al militar.
El coordinador parlamentario del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, demandó a la Suprema Corte dar prioridad para la resolución a la controversia constitucional presentada por senadores de oposición para impugnar el cambio de adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena que aprobó la mayoría de Morena y sus aliados hace unas semanas en el Congreso de la Unión.
Explicó que el punto es muy claro, pues por medio de un decreto se viola la Constitución. “Ese es el tema, que tiene que ver obviamente con poner a las Fuerzas Armadas como eje supremo del tema de seguridad pública y asumir a la Guardia Nacional”, detalló.
Por separado, el coordinador del PAN, Julen Rementería, comentó que en el documento se resalta que la reforma impugnada desplaza de la Guardia Nacional a los miembros de la policía civil para quedar integrada únicamente por militares, además que la habilita para desplegarse en todo el territorio nacional pasando por alto la coordinación entre los tres niveles de gobierno.
El recurso fue firmado por 49 legisladores Resaltó que en ese sentido, los 49 legisladores firmantes “hacen un llamado respetuoso, pero firme, a las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelvan con celeridad esta acción de inconstitucionalidad”.
En el escrito se quejan de que otros recursos presentados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y gobiernos estatales, relacionados con la participación de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado están detenidas en el máximo tribunal desde hace más de dos años, sin obtener resolución.
