CDMX a 18 de enero, 2023.- La Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) apoyarán este año a 8 mil mujeres agrarias -a través de la estrategia de ‘Mujeres por el acceso a la tierra’- para tener certeza jurídica sobre su patrimonio y disminuir la brecha de desigualdad de género, prioritariamente en núcleos de alta y muy alta marginación con población indígena.
Así lo informó el titular de la Sedatu, Román Meyer Falcón, al detallar que este año se destinarán 5 millones de pesos a la estrategia y se mantendrá la coordinación de acciones en favor de las mujeres agrarias, a través del Registro Agrario Nacional (RAN), la Procuraduría Agraria (PA) e Inmujeres.
“Este gobierno tiene como prioridad la atención de los grupos más vulnerables y desprotegidos, incluidas las mujeres rurales. Coordinaremos acciones en los estados que registran mayor rezago para garantizar a más mujeres la titularidad de sus derechos agrarios”, dijo.
Por su parte, la directora de Proyectos Estratégicos y responsable de la Unidad de Género de la Sedatu, Mabel Almaguer Torres, recordó que la estrategia ‘Mujeres por el acceso a la tierra’ consiste en el acompañamiento jurídico y económico en juicios sucesorios testamentarios en favor de las mujeres.
“Este 2023 queremos fortalecer las acciones del RAN a fin de agilizar la entrega de certificados a mujeres y de este modo combatir el rezago actual. Se buscará la colaboración de las y los gobernadores en los estados para tal fin”, apuntó la funcionaria.
En su intervención, la presidenta de Inmujeres, Nadine Gasman, celebró el convenio de colaboración para sumarse a los objetivos de la estrategia con la que se busca disminuir la brecha de desigualdad de género.
“Sabemos que 52% del territorio nacional son ejidos y comunidades, y son las mujeres las que, en su mayoría, se preocupan por tener un lugar seguro para vivir”, afirmó la funcionaria.
Como parte de la colaboración conjunta, la Sedatu e Inmujeres también acordaron la firma de un convenio específico para definir las acciones para la implementación de los ‘Lineamientos para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público’, a fin de que sean implementados en los estados de manera integral.
